Caracas.- Un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos publicó un informe detallado en el que se analiza cómo se han configurado la persecución política y el terrorismo de Estado en Venezuela, antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio.
En un informe titulado Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela: el libro negro de la dictadura, estas organizaciones -que omitieron firmar el documento por seguridad- describen cómo se ha desarrollado la represión en el país desde principios de 2024.
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El informe incluye la criminalización de activistas políticos y sociedad civil, y también examina las restricciones al espacio cívico durante la campaña; las violaciones el día de la elección y la represión posterior al anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En un resumen elaborado por el medio de comunicación TalCual se destacan ocho puntos importantes sobre este informe:
- Instauración de un régimen de excepción
Según el informe, las autoridades venezolanas han erosionado gravemente el Estado de derecho y actúan en función de decisiones arbitrarias ajenas a la legalidad.
El informe detalla que se han violado, al menos, 21.7 % de los artículos de la Constitución que tienen relación directa con los derechos fundamentales. “En Venezuela, los diferentes poderes actúan de facto, aplican un estado de excepción por la vía de los hechos", señala el documento.
- Criminalización de la oposición
Según datos recopilados en el informe, durante los primeros 7 meses del año, antes del 28 de julio, por lo menos 169 personas habían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas. 52 personas (30,7%) antes del inicio formal de la campaña presidencial, que comenzó el 4 de julio, mientras que 117 lo fueron a partir de esa fecha.
Antes del 28 de julio, también se registraron 104 actos de hostigamiento contra líderes y activistas políticos, vinculados al partido Vente Venezuela, el Comando Con Vzla, Primero Justicia y La Causa R. Estas acciones las ejecutaron, en su mayoría, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana. Diosdado Cabello fue responsable de tres actos de hostigamiento y Tarek William Saab de dos.
- Represión en protestas
Tras las elecciones presidenciales y ante las protestas y movilizaciones autoconvocadas y espontáneas, protagonizadas por sectores populares, la reacción de las autoridades fue responder a las demandas reprimiéndolas, detalla el informe.
Durante los días de mayor intensidad de protestas hubo un saldo trágico: 24 a 26 personas asesinadas y al menos 1.500 detenidas, entre ellas, menores de edad. El gobierno de Nicolás Maduro también aplicó la eliminación masiva de pasaportes y la difusión de mensajes atemorizantes a través de los medios de comunicación estatales, como la aplicación de la operación Tun Tun.
- Contra las ONG
13 días después de las elecciones presidenciales, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó la Ley para la Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales. Esta ley se venía “cocinando" desde 2020. Según el informe, se documentan 592 ataques o incidentes de seguridad contras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos durante el primer semestre del año.
- Cierre de comercios
Durante la campaña electoral, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cerró 24 establecimientos comerciales en represalia por haber prestado algún servicio a la campaña de Edmundo González Urrutia o a María Corina Machado. También se contabilizan 17 casos de retención de bienes contra quienes prestaban servicios a la campaña opositora.
- Limitaciones a electores
En informe resalta que las elecciones del 28 julio se realizaron en condiciones asimétricas y desventajosas para los candidatos no oficialistas. Además de innumerables restricciones para los votantes, como el caso de la diáspora venezolana que, en su mayoría, no pudo inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral.
Ese día, se registraron 86 ataques de grupos de civiles armados. Por estos, varias personas resultaron heridas en 5 estados del país. Ese mismo día, hubo 20 casos de violación del derecho a la libertad de expresión e información.
- Limitaciones a la libertad de expresión
El informe señala que las elecciones presidenciales se desarrollaron en un contexto de censura, con 60 sitios web y portales de información bloqueados por las operadoras de telecomunicaciones.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 4 periodistas habían sido detenidos: Gabriel González, el 17 de junio, en Caracas; Luis López, el 14 de junio, en La Guaira; Carlos Julio Rojas, el 15 de abril, en Caracas. Previamente, Ramón Centeno, el 2 de febrero de 2021 en Caracas.
Después de las elecciones, otros 10 periodistas (algunos con vinculaciones políticas como Biagio Pilieri, José Camero y Roland Carreño) fueron arrestados.
- Intimidados por el ELN
El informe destaca que, en varias ocasiones, se reportó la intimidación por parte de presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a personas vinculadas a la campaña de Edmundo González Urrutia. Estos incidentes ocurrieron en Capacho Nuevo y en el municipio Guásimos.
Las viviendas de líderes políticos, como la del alcalde de Rubio, Jackson Carrillo, fueron marcadas. En total, ocho activistas recibieron amenazas de supuestos integrantes del ELN.
Para leer el informe complego, haz click aquí
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