Caracas.- El 31 de marzo de 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció su decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, por considerar que ésta actuaba en desacato.
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La situación de desacato dictada por el TSJ, se da tras la decisión de la AN de incorporar, en agosto de 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Los parlamentarios indígenas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, fueron electos en unas elecciones en las que la oposición obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional, tras más de una década dominada por el oficialismo.
Pero el oficialismo impugnó la elección de estos tres diputados, por considerar que hubo fraude y las autoridades pertinentes comenzaron a investigar.
Con esos tres diputados, la oposición lograba tener lo que se conoce como supermayoría en el Parlamento, lo que le habría permitido reestructurar al propio TSJ o hasta convocar a un referendo revocatorio.
Para aquel momento, el diputado Julio Borges, quién era presidente de la AN, no reconoció al TSJ y desconoció dicha sentencia.
Por su parte, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, sentenció que la nueva Asamblea Nacional (AN), para ese entonces, perdió su legitimidad al desacatar la orden del TSJ sobre la suspensión de los parlamentarios por Amazonas.
Consideró que “es un acto violatorio porque transgrede a los cinco Poderes del Estado, sobre todo por la totalización de pruebas que argumentan que los electores fueron extorsionados para votar por estos diputados”.
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