Caracas.- La detención de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y reconocida defensora de derechos humanos, ha desatado una serie de interrogantes.
El Pitazo resume en seis claves lo que se conoce hasta ahora sobre la detención de San Miguel, lo que dice la Fiscalía y sus abogados:
- Rocío San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía por cuerpos de seguridad del Estado. La activista se disponía a tomar un vuelo junto a su hija.
Abogado de Rocío San Miguel tras su detención: hay una desaparición forzada
- Organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores han exigido la liberación inmediata de San Miguel. La etiqueta #DóndeEstáRocío se volvió tendencia en redes sociales, con usuarios y activistas que demandaban información sobre su paradero durante el tiempo en que no se sabía dónde estaba.
- Durante las primeras horas de desinformación, uno de los abogados de San Miguel, Juan González, calificó la situación como una desaparición forzada y destacó la falta de información sobre la orden de aprehensión, el órgano policial que la ejecutó y el lugar de reclusión. Los abogados sostienen que, a pesar de la confirmación de la detención por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sigue siendo considerado como una desaparición forzada, ya que no se han proporcionado detalles sobre su situación.
- Los abogados argumentan que la falta de información sobre la orden de aprehensión y la situación legal de San Miguel viola sus derechos constitucionales, incluido el derecho al debido proceso.
- Rocío San Miguel ha estado incomunicada durante más de 100 horas. En horas de la mañana de este miércoles, 14 de febrero, se supo que su hija, Miranda Díaz San Miguel, y otros tres familiares fueron liberados.
- La Fiscalía anunció que la defensora de derechos humanos enfrenta acusaciones relacionadas con terrorismo, conspiración y traición a la patria. Los defensores legales de San Miguel han expresado preocupación por la legalidad del proceso y cuestionan la falta de información sobre la orden de aprehensión y los detalles del caso.
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