Caracas.- Este lunes 27 de diciembre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 realizará una sesión extraordinaria en la que debatirán la reforma del Estatuto que rige la Transición y la Ley Especial del fondo de liberación, normativas relacionadas con la continuidad del Parlamento liderado por Juan Guaidó y las funciones del líder opositor como presidente encargado.

El estatuto que rige la transición fue aprobado en febrero de 2019 con el objetivo de reestablecer la vigencia de la Constitución y se define, según indica el texto, como un acto de ejecución directa e inmediata del artículo 333 de la Carta Magna.

Este instrumento permitía la continuidad del órgano legislativo elegido el 6 de diciembre del 2015, en primera instancia hasta el 4 de enero de 2021, y que posteriormente fue reformado para extender la permanencia del Parlamento presidido por Guaidó por un período adicional a partir del 5 de enero de 2021.

Con esta modificación, también se estableció el funcionamiento de la Asamblea Nacional a través de la Comisión Delegada.

¿Por qué se debatirá una reforma a este instrumento legal?

• El procurador especial designado por el gobierno interino, Enrique J. Sánchez Falcón, propuso la reforma al Estatuto de la Transición con el fin de rescatar las atribuciones constitucionales del Guaidó.

• Sánchez asegura que los excesivos controles que impone el Estatuto de Transición limitaron las posibilidades de acción de Guaidó e impidieron lograr el cese a la usurpación.

• La propuesta contempla, además de una prórroga de la institucionalidad interina, la modificación de los artículos para permitir la separación de poderes entre el gobierno encargado y la Asamblea Nacional.

• El procurador especial plantea la posibilidad de revertir la subordinación del gobierno interino a la Asamblea Nacional con el fin de que el presidente encargado pueda ejercer su potestad reglamentaria sin la autorización del Parlamento.

• Los cambios permitirían a Guaidó designar funcionarios que desarrollen actividades administrativas sin la aprobación de la Asamblea Nacional, así como remover funcionarios de libre nombramiento y remoción sin pasar por la anuencia del órgano legislativo.