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Caracas.- El denominado Grupo de Lima es un bloque que fue conformado el 8 de agosto de 2017 por 12 países americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, en el año que estuvo signado por las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El Grupo de Lima debe su nombre justamente a la conformación del bloque de países americanos en la capital peruana, en donde las naciones miembros de la instancia multilateral se reunieron para dar seguimiento y también acompañar a la oposición venezolana, encabezada entonces por los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora.
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La conformación del Grupo de Lima se produjo para buscar una salida a la crisis política en Venezuela, tras los hechos registrados en las manifestaciones en contra del gobierno de Maduro en 2017. Los cancilleres de los 12 países miembros del bloque se reunieron entonces en la capital peruana para abordar la crítica situación en Venezuela y así explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en el país mediante una salida pacífica y negociada.
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Una declaración conformada por 16 planteamientos fue el punto de partida para las gestiones del Grupo de Lima. Entre las observaciones destacadas de la declaración anunciada el 8 de agosto de 2017, se encuentran las siguientes:
- La condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
- La decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
- El pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa (en 2015).
- El reconocimiento a los actos jurídicos que, conforme a la Constitución, sean aprobados y requieran la autorización de la Asamblea Nacional.
- El rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
- La disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.
