Caracas.- En un hecho sin precedente en la historia política venezolana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó este jueves, 22 de agosto, los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, organismo que dio la victoria a Nicolás Maduro.
La sentencia fue dada tras casi un mes de la celebración de los comicios. Con ella, concluye el proceso de revisión que fue solicitado por Maduro mediante un recurso de amparo que nunca se hizo público y por el que fueron citados los otros 10 dirigentes políticos que participaron en la contienda.
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De acuerdo con las declaraciones de la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, la decisión se basó en un peritaje elaborado por expertos nacionales e internacionales. «Con base en el peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada máquina», dijo la magistrada. Sin embargo, este proceso no tuvo la verificación de representantes de la oposición ni de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La coalición opositora ha denunciado de manera pública que los resultados mostrados por el CNE son fraudulentos y que el ganador fue Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido más del 70 % de los votos. Además de eso, la agrupación alertó que el Poder Judicial no puede usurpar las funciones que le corresponden al Poder Electoral.
Este 22 de agosto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó que en Venezuela, tanto el CNE como el Poder Judicial están compuestos por personas abiertamente vinculadas al chavismo, por lo que cualquier verificación carece de credibilidad.
Antes del anuncio del máximo tribunal, el excandidato presidencial Enrique Márquez también solicitó la recusación de la presidenta de la Sala electoral, Caryslia Rodríguez, por su afinidad política con Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un hecho que es público, según Márquez. En términos jurídicos, la recusación es el procedimiento que se sigue para apartar a un juez de una causa por su falta de imparcialidad e independencia.
¿Qué dejó de hacer el CNE?
- El CNE nunca emitió resultados pormenorizados de la elección presidencial. Solamente informó sobre la totalización de los votos de manera general en un primer y segundo boletín. Los resultados, según el CNE, habrían sido: Nicolás Maduro obtuvo 6 millones 408.844 votos (51,95 %), frente al aspirante Edmundo González Urrutia, quien obtuvo 5 millones 326.104 votos (43,18 %).
- El CNE no mostró alguna evidencia creíble para sustentar estos resultados y proclamó el triunfo de Maduro un día después de los comicios. Todo esto sucedió mientras la oposición, liderada por María Corina Machado, divulgaba la casi totalidad de las actas, recolectadas por los testigos de mesas electorales, en una página web. Estos documentos otorgaban la victoria a Edmundo González Urrutia.
- El CNE tampoco realizó la totalización de todas las actas de escrutinio. Este es un paso que debió cumplirse antes de designar al ganador y dentro de las 48 horas posteriores al comicio, según el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
- El CNE argumentó que no podía mostrar los resultados “mesa por mesa" —tal como lo exigía la oposición y la comunidad internacional— debido a un supuesto hackeo de su página oficial, que se mantiene desde el 28 de julio hasta la fecha. Sin embargo, tampoco mostró las pruebas de este delito informático.
- El CNE incumplió con tres auditorías ciudadanas que están establecidas en el cronograma electoral:
1-Auditoría de telecomunicaciones en Fase II: con esta verificación se podría comprobar la veracidad de los supuestos ataques informáticos denunciados por las autoridades comiciales y líderes chavistas. De acuerdo con el cronograma, este paso debió cumplirse el pasado 29 de julio.
2-Auditoría de verificación ciudadana en fase II: esta se realizaría el pasado 2 de agosto. Este paso consiste en comprobar los resultados con una muestra de 1 % de las mesas de los centros de votación activados en la elección del 28 de julio. Durante esta revisión, se abren las cajas que contienen los comprobantes de verificación y se verifica que la suma de votos coincida tanto con el acta como con el registro en el cuaderno de votación.
3-Del 5 al 9 de agosto se realizaría la auditoría de los datos electorales ADES, fase II, pero tampoco se hizo. En esta etapa, se verifica la base de datos de huellas dactilares y su calidad y luego se comparan para comprobar si coinciden con las registradas en el padrón electoral.
Luego de todas estas irregularidades, el TSJ dictó una sentencia favorable al chavismo-madurismo, pese a los cuestionamientos por la falta de imparcialidad de los poderes en Venezuela.
La ONG Acceso a la Justicia explicó en su sitio web que el procedimiento ejecutado por el máximo tribunal usurpa las funciones que corresponden al CNE, organismo que, además, no ha cumplido con las responsabilidades que le otorga la ley.
Asimismo, la organización explicó que la Sala Electoral dejó en evidencia su parcialidad cuando el pasado 2 de agosto convalidó la narrativa de un ataque cibernético, defendida por el CNE, el partido de Gobierno (PSUV) y Nicolás Maduro, sin existir una investigación de por medio.
«Se trata, sin duda, de un adelanto de opinión de la Sala. Con esta declaración, en la que no figura la palabra presunto o supuesto, el máximo juzgado parece validar la tesis oficial antes de que inicie sus investigaciones, con lo cual muestra su falta de independencia», denunció Acceso a la Justicia.
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