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Caracas.- El abogado británico Karim Khan fue designado fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) para un nuevo mandato en sustitución de Fatou Bensouda, que asumió su cargo en 2012. Khan es el tercero en ese rol en la historia del organismo con sede en La Haya, Países Bajos, después de Bensouda y de Luis Moreno Ocampo, quien estuvo al frente de la Fiscalía de la CPI entre junio de 2003 y junio de 2012.
Ante la designación de Khan, quien deberá afrontar diversos retos entre los que está anunciar la decisión sobre el caso de Venezuela, el consultor de DD. HH. de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Calixto Ávila, explicó qué escenarios se podrían presentar por lo que deberá hacer público Khan en los próximos meses sobre la situación venezolana.
«El primero, que el fiscal decida cerrar el examen preliminar y archivar el caso. El segundo es que se mantenga el examen preliminar hasta el momento en que pueda tomar una decisión; el tercero, abrir una investigación que estará a cargo de la Corte Penal Internacional», indicó Ávila en un video.
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El miembro de Provea recordó que la fiscal Bensouda había llegado a una decisión final sobre el caso de Venezuela, acerca de los graves crímenes de competencia de la CPI ocurridos al menos desde abril de 2017 en el país, sin embargo, Bensouda no pudo hacer pública su decisión, ya que el Estado venezolano introdujo un recurso de control judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares. «Un recurso introducido a último momento y de manera confidencial, con el ánimo de dilatar al máximo el procedimiento ante la Sala de Cuestiones Preliminares».
Según lo detallado por Ávila, aunque el recurso presentado por el Estado venezolano inhibió la posibilidad de que la fiscal Bensouda anunciara su decisión, las facultades de la Fiscalía de la CPI sobre el caso venezolano se mantienen intactas. «Se mantiene la investigación a cargo del equipo de la Fiscalía. Las víctimas, estados remitentes y organizaciones pueden seguir enviando información y nutriendo el expediente», añadió el miembro de Provea.
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De acuerdo con Ávila, la decisión debería ser anunciada por el nuevo fiscal, a más tardar, el próximo mes de diciembre, cuando se celebre la Asamblea de Estados Parte por el Estatuto de Roma.
«El Estado venezolano, y en particular el fiscal Saab, tiene la oportunidad de demostrar que está dispuesto a realizar una cooperación auténtica con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que está dispuesto a llevar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela, que son los que interesan a la Corte Penal Internacional por su mandato», explicó Ávila.
