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Las denuncias hechas por el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), empresa propiedad de Jorge Reyes y Pedro Antar, en relación a supuestos sobornos por parte del gobierno encargado para recuperar activos de Petrocaribe, serán investigadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que designó una subcomisión conformada por los diputados Ismael León (VP); José Hernández (UNT); Elimar Diaz (PJ); Robert Alcalá (AD) y José Prat (Causa R).
El primer paso fue la comparecencia del Comisionado presidencial para Gestión y Recuperación de Activos Javier Troconis, quien en cuatro horas hizo un recuento de cómo fueron los contactos con esta empresa.
El funcionario señaló que el 7 de diciembre de 2019, los representantes del Consorcio presentaron un proyecto que, “en papel estaba bien y tenían un plus que era que conocían Petrocaribe", dijo Troconis y el 2 de enero se le dio la “buena pro" al Consorcio. Una buena pro “con condiciones", según Troconis. Y es este punto uno de los que mayor polémica generó entre los diputados y el comisionado.
Troconis explica que esa buena pro estaba condicionada a que el Consorcio entregaran una serie de documentos y que, “de ninguna forma" esa buena pro era un contrato sino un requisito para que la empresa consignara la documentación.
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Una vez logrado este paso, el 24 de enero de 2020, el equipo del comisionado detectó irregularidades en certificaciones financieras, direcciones iguales para cuatro empresas e incluso, una sentencia de la Unidad Supervisora Financiera de Estados Unidos contra Jorge Reyes, director del Consorcio, por fraude.
Defiende el hecho de que el proyecto era bueno, “los que no eran buenos eran los representantes del Consorcio", dice.
Siguiendo con su relato, Troconis comenta que se reunió con Reyes y Antar y les explicó que debido a las irregularidades encontradas no se podía seguir adelante. Incluso, recordó que hasta mintieron dado que firmaron una carta en la que aseguraban no tener problemas legales, cosa que no era cierta.
El 25 de marzo de este año, el representante diplomático de la isla de Santa Lucía le comunica al embajador Carlos Vecchio que una empresa lo contactó para solicitar información de los activos en nombre del gobierno encargado. Esa empresa era el Consorcio CRA.
Un día después, Troconis se reúne con el entonces Procurador José Ignacio Hernández.
El 24 de abril se le envía la primera comunicación al Consorcio para que cesara de contactar a países de Petrocaribe en nombre del gobierno encargado. Sin embargo, tres días después, el 27 de abril, Haití informa lo mismo por lo que, según Troconis, el Procurador informó a todos los gobiernos de lo que estaba ocurriendo.
También señala que se enviaron dos cartas a la Ofac por parte del Procurador.
Los diputados Elimar Diaz y Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, preguntaron insistentemente si el comisionado tenía facultad para formar una carta de buena pro, la primera, mientras que Marquina en cuanto al proceso de licitación.
Ante lo primero señala que el primer paso antes de recuperar activos es hacer el inventario y la contratación era evaluar.
Defiende el hecho de que lo que estaban aceptando era hacer ese proceso de evaluación de activos con CRA y que finalmente no se concretó por las irregularidades en la documentación. Y agrega otro dato: y es que, entre esa documentación irregular, CRA habría cambiado el proyecto orientado a recuperar los activos.
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Troconis además agrega que, ciertamente antes, entre sus funciones estaba evaluar y no contratar y que ahora sí podría, pero pasando por una serie de requisitos.
Insiste en que la buena pro tenía por objeto evaluar alcances y riesgos y no recuperar activos y añade que en estos momentos no tienen a ninguna empresa recuperando bienes de la República ni cuentan con presupuesto.
En cuanto a las licitaciones, Troconis fue para adelante y para atrás.
En un primer momento habló que se hizo una licitación y que los únicos que presentaron proyecto fue CRA. Luego se refirió a un concurso y finalmente, tras la insistencia y explicación del diputado Marquina, habló de un “concurso selectivo y cerrado por ser una materia sensible".
En cuanto a las denuncias de Patricia Poleo sobre una supuesta hoja de papel en la que Magin Blasi-Blanchard colocaba lo del soborno, Troconis dijo que desconocía tal hecho y hasta dijo estar dispuesto a someterse a una prueba grafotécnica.
En cuanto a Blasi-Blanchard, reconoce que prestó labores de consultoría. Troconis también reconoce una captura que publicó Poleo, pero aclara que no mandó los representantes del CRA a reunirse con Blasi. Explica que el Consorcio le escribió que quería hacerles llegar una documentación y que él les dijo que se la hicieran llegar a Blasi.
Troconis fue enfático en señalar que en todo momento se habló de levantar un inventario y no de recuperar activos.
Petropar
Otro tema abordado en esta comparecencia fue el de Petropar, compañía paraguaya.
Al respecto, Troconis señaló que viajó a Paraguay una vez. En esa ocasión sostuvo una reunión en la Casa Presidencial con el abogado Sebastian Vidal, Luis Carrizo y una perdona que identificó como Sotomayor y que dijo, era el jefe de Despacho del presidente paraguayo.
Ya previamente había tenido un contacto telefónico con Vidal el 12 de octubre de 2019. Vidal habría hecho una propuesta que ya había sido presentada a Pdvsa en 2016 por lo que decidieron declinar la propuesta.
Troconis señaló además que existe una deuda de Petrolar en arbitraje en Paris por un monto de 268 millones de dólares más intereses.
Esto salió a colación porque en l denuncia de Poleo también hacen referencia a una carta con el logo de la Comisión de Energía y Petróleo en la que se apoyaba la propuesta de Vidal.
Según Troconis, nunca vio dicha carta, pero el ex Procurador Hernández le reenvío una que le había hecho llegar el abogado Vidal sin ninguna firma por lo que desconoce si es falsa.
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Otros detalles
Troconis informó que han tenido apoyo de una empresa en los aeropuertos de Fort Lauderdale y Opa-locka, en el estado de la Florida, para que tomaran fotos a unos aviones de Conviasa y Pdvsa retenidos por el gobierno de Estados Unidos.
También señala qué hay un bufete de abogados que prestaron colaboración para ubicar un dinero del Ministerio de Alimentación. El bufete se llama SMGQ y su representante es Gustavo Lage.
Por otro lado, hizo un recuento de los activos que tienen inventariados ubicados en Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Brasil, todas las Islas del Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Aruba, Bonaire, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Italia, Paraguay, Portugal, Reino Unido y Uruguay. Agregó que aún y cuando tienen algunas cifras están en “verificación" del monto que alcanzarían todos estos activos.
Lo pendiente
El diputado Marquina le solicitó a Troconis que consigne las pruebas de las licitaciones declaradas desiertas, así como el acta en la que se anula la buena pro a CRA.
También se le pidió que consigne a la Comisión de Contraloría los mensajes con los representantes de CRA.
Por su parte, el diputado Jorge Millán, de la Comisión de Energía y Petróleo, solicitó girar una comunicación a la junta directiva del Parlamento para que informe si hubo o no una designación de diputados para tratar el tema de Petrocaribe.
