Caracas.- Egresado de la Universidad Santa María, con un magíster y especialización en Derecho Penal, Daniel Augusto Ramírez Herrera se mantiene al frente de la Defensoría Pública General; fue ratificado en el cargo por la Asamblea Nacional oficialista este 26 de julio luego de entrevistas a los postulados y evaluaciones del Comité de Postulaciones y los diputados.
Solo dos meses tenía en el cargo de manera temporal y luego de las respectivas revisiones, el Parlamento electo en 2020 aprobó por unanimidad en la sesión ordinaria de este martes, su continuidad en la Defensoría Pública, órgano encargado de la defensa de los derechos de los ciudadanos en materia de trabajo, seguridad social, y derechos humanos sin costo alguno.
Para Daniel Ramírez este organismo y otros no son ajenos, pues durante dos periodos ocupó el cargo de coordinador general de la Defensa Pública del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Primero, de 2005-2010 y posteriormente fue nombre en el mismo puesto el 17 de enero de 2019, de acuerdo con la Gaceta Oficial número 41.567 y permaneció allí hasta mayo, cuando se le designó como defensor encargado.
El diputado oficialista Pedro Carreño fue quien lo postuló como defensor público provisional luego del nombramiento de Carmen Marisela Castro Gilly como magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ. La funcionaria era la titular de la Defensoría Pública.
Ramírez también fue director general del Despacho del Ministerio para el Proceso Social del Trabajo en 2017, según la Gaceta Oficial número 41.082 con fecha del 25 de enero 2017.
Ratificado en el puesto
En la sesión ordinaria de este martes en la que se ratificó a Ramírez en el puesto, el presidente de la AN electa en 2020, Jorge Rodríguez, señaló que la decisión corresponde a la revisión de sus credenciales y a su «capacidad, su probada honestidad y defensa de la moral y la ética». Agregó que es fundamental la preservación y defensa de los derechos humanos y el debido proceso de cada venezolano.
En septiembre de 2021 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas indicó que actores del sistema de justicia han privado a las personas detenidas de su derecho a una representación legal, negándose a autorizar la designación de una defensa privada e insistiendo en la representación de una defensa pública.
Igualmente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, plasmó en otro documento de julio de 2021 que documentaron ocho casos en los que se nombraron defensas públicas en contra de la voluntad de los acusados.
Los cambios en el sistema de justicia venezolana forman parte de una reforma judicial que el gobierno de Nicolás Maduro impulsa. No obstante, esta decisión falla en el ámbito de «revolucionar», como lo afirmó Jorge Rodríguez este 26 de julio, pues Ramírez no es un rostro nuevo en la Defensoría Pública.
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