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La exdiputada opositora venezolana Delsa Solórzano manifestó este miércoles que en Venezuela «se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo» y reiteró que se cometen crímenes de lesa humanidad que han sido documentados y entregados a instancias internacionales.
Durante su participación en la reunión virtual «Estatus de la violación de DDHH en Venezuela», Solórzano calificó de «terribles los crímenes de lesa humanidad» que fueron entregados a la Corte Penal Internacional (CPI) y que se encuentran en proceso de estudio.
En el evento, la exlegisladora representó a cerca de 200 víctimas que han presentado sus casos ante la CPI, «que van desde el asesinato hasta la tortura contra una población determinada y por razones determinadas».
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Aseguró que «hay fundadas razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, el régimen de Maduro está señalado de narcotráfico y terrorismo, es decir, estamos bajo el yugo de una dictadura militar, acusada de narcotráfico y terrorismo».
En su opinión, es «vergonzosa» la decisión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de retirar la demanda a Venezuela ante la CPI, porque «eso viola los principios de cualquier nación que haya pasado por una dictadura como es el caso de Argentina».
«Es parte de la estrategia del régimen para tratar de demostrar que los delitos que se han cometido en Venezuela son violación de derechos humanos y no crímenes de lesa humanidad», precisó.
Se mostró convencida de que la retirada de la denuncia por parte de Fernández no está avalada por Argentina, «una nación que ha sido víctima de una dictadura y de violaciones de derechos humanos; eso no representa el sentir de ese pueblo hermano que le ha abierto los brazos a los venezolanos que han huido de la dictadura».
Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la CPI para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que ha generado polémica entre el Gobierno de Fernández y la oposición de su país.
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Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima -que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela-, el hecho trascendió el 27 de mayo.
«El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima, y como consecuencia de eso el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él», explicaron a Efe fuentes de la Cancillería el día que se dio a conocer la decisión.
