Caracas.– Las sanciones sectoriales, financieras y petroleras, que impuso Estados Unidos desde 2017, generaron un impacto sobre la crisis que ya el país transitaba desde 2014, cuando comenzó la debacle de la economía venezolana, cuya recesión duraría 27 trimestres consecutivos, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
La ineficacia de las medidas sancionatorias que implementó la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump, para presionar un cambio político en Venezuela impulsado por el extinto gobierno interino que lideró Juan Guaidó, no ha dejado de ser blanco de cuestionamientos dentro y fuera del país.
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En 2023, a las denuncias y exigencias de los principales funcionarios del oficialismo para que Estados Unidos levante las sanciones sectoriales, se suman críticas recientes de dirigentes opositores, los gobernadores Sergio Garrido y Manuel Rosales, y miembros de sectores del empresariado venezolano, sociedad civil y gremios sindicales.
El analista político y director de la consultora LOG Consultancy, Giulio Cellini, destaca que hay un convencimiento generalizado de que, junto con el impacto económico, las sanciones –financieras y petroleras– no cumplieron con el objetivo de promover un cambio de Gobierno con la salida de Maduro, como calculaba la dirigencia política opositora, y parte de la comunidad internacional. Eso explica el cambio en el discurso y en la narrativa de algunos dirigentes de oposición.
“Lo que vemos responde al convencimiento tardío de que el régimen sancionatorio que se le ha impuesto a Venezuela desde Estados Unidos no ha servido para presionar a que el gobierno de Maduro desista en sus responsabilidades frente al Estado; eso no se logró, al contrario, atornilló más Maduro", explicó Cellini a El Pitazo vía telefónica.
Mantener la presión
El analista sostiene que en el contexto de las negociaciones, las sanciones pueden funcionar como medio para presionar políticamente, pero no como un fin en sí.
“Las sanciones deben ser un medio para presionar políticamente, pero si eso no se logra tienen que revisarse porque generan mayores dificultades para la población, que ya venía con muchos problemas por las crisis política y económica. Por eso hay que seguir presionando por la restitución de la mesa de negociación en México, que es el escenario natural para que se acuerde lo que el país está esperando en lo político", resaltó Cellini.
Maduro afirmó que aspira a unas elecciones en 2024 sin sanciones internacionales. “Elecciones libres de sanciones", así se refirió el gobernante a lo que califica de medidas coercitivas en la última rueda de prensa con medios internacionales a finales de 2022.
Una encuesta en Twitter hecha por El Pitazo el 30 de enero, en la que se les consultó a los lectores si consideraban que –como sostienen los gobernadores Rosales y Garrido– el Gobierno de EE. UU. debe levantar las sanciones sectoriales que impuso a Venezuela, 74 % manifestó no estar de acuerdo con un levantamiento de sanciones; mientras que 26 % respondió que sí lo consideraba necesario.
Cellini indica que pese a la funcionalidad de las sanciones como mecanismo de canje en la negociación, esas medidas no pueden prolongarse de forma indefinida en el tiempo.
“Todos deberíamos desear que las sanciones sean levantadas, pero el único elemento rescatable es que las sanciones pueden servir como mecanismo de canje para que el Gobierno ceda en algunas cosas. Sin embargo, eso no puede ser algo que se eternice", añadió el analista político.
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Más penurias económicas
El economista y decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Metropolitana (Unimet), Luis Oliveros, presentó en 2020 un análisis sobre el efecto de las sanciones financieras y petroleras sobre Venezuela, auspiciado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
En su evaluación, Oliveros destacó que “si bien es cierto las sanciones no iniciaron la crisis económica en Venezuela, sí han contribuido a su profundización (y, por lo tanto, a que la calidad de vida de los venezolanos se deteriore aún más)".
Contactado por El Pitazo, el economista apuntó que, en lo económico y financiero, las sanciones generaron más problemas para el país y la industria petrolera nacional, de la cual dependía más del 90 % de los ingresos nacionales en divisas.
“Las sanciones empujaron a Maduro a incrementar sus relaciones con aliados, muchos de los cuales ya tenían experiencia con eso y había un conocimiento práctico importante: Cuba, Irán, Rusia y la misma China. La poca transparencia que había con el manejo de los ingresos no existe, pues el Gobierno vende cualquier cantidad de petróleo sin que se sepa y, además, aprendió a vivir con una producción petrolera de 700.000 barriles", destacó Oliveros vía telefónica.
En la presentación del presupuesto nacional para 2023, la vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, mostró detalles sobre las 763 sanciones globales que impuso EE. UU. y la Unión Europea, las cuales se dividen así: 467 personas (funcionarios, empresarios, etc.), 169 organismos públicos; 69 buques nacionales y extranjeros, y 58 aeronaves (Pdvsa y Conviasa).
“Venezuela es un país bloqueado, sancionado, que no tiene acceso al sistema financiero internacional", recalcó la funcionaria oficialista en el hemiciclo del Parlamento electo en 2020, presidido por su hermano, Jorge Rodríguez.
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En el contexto de la negociación en México, de nuevo paralizada por el condicionamiento del Gobierno en torno a las sanciones y al desbloqueo de fondos para el acuerdo social, Oliveros advierte que la única propuesta viable que le permitiría al país un respiro en lo económico es la flexibilización de la política sancionatoria que pesa sobre las finanzas y la industria petrolera nacional.
“Flexibilización para que Venezuela no solo pueda intentar recuperar mercados con la venta de petróleo, sino también para que el mismo sector privado tenga cierta libertad y más oportunidades de operar", destacó Oliveros.
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