La ONG Espacio Público denunció este martes, 7 de diciembre, una «escalada de violencia» de las fuerzas de seguridad del Estado contra los periodistas y medios de comunicación durante el mes de noviembre, cuando se computaron 103 violaciones a la libertad de expresión.
Según la organización, las más frecuentes fueron la intimidación, la censura y las restricciones administrativas, «acciones que buscan reducir la posibilidad ciudadana de buscar, recibir y difundir información».
Con el dato del mes recién terminado, Espacio Público computó 453 violaciones a la libertad de expresión desde que comenzó 2021 hasta el 30 de noviembre,
Con estas cifras, el 2021 acumula 453 violaciones hasta el 30 de noviembre, correspondientes a 236 casos, de los que el 44,44 % tuvieron como víctimas a periodistas, un 20,83 % a medios de comunicación y un 10 % a ciudadanos, detalló la ONG, que no precisó a qué ámbitos corresponde el 24,73 % restante.
Destacó que durante las elecciones locales y regionales del pasado 21 de noviembre, se registraron 54 violaciones a la libertad de expresión en los estados Aragua, Lara, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Portuguesa, Carabobo, Falcón, Bolívar, Caracas, Trujillo, Monagas y Cojedes.
La corresponsal de Venezolanos por la Información (VPITV) en el estado Lara, Andreína Ramos, denunció que un miembro de las fuerzas de seguridad estatales «la amenazó con quitarle sus equipos de trabajo mientras hacía la cobertura en un centro de votación».
Además, en Mérida, «negaron el acceso a los centros de votación a cuatro periodistas acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)».
«Unos de los casos más repetidos en este proceso de votación fue el impedimento de los periodistas de cubrir el ejercicio del sufragio de los candidatos», explicó la ONG.
Por otra parte, el colectivo aseguró que el 25 de noviembre en la localidad de Sabaneta, estado Barinas, la Alcaldía ordenó eliminar dos programas de la parrilla radiofónica de la emisora Play 101.1 FM.
Dos días después, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Monumental 94.1 FM en Santa Bárbara, en el mismo estado, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez, donde se repetirán los comicios regionales el 9 de enero por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La orden del Supremo se sustentó en una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, disidente de la oposición, quien alegó una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque el candidato opositor Freddy Superlano, que ganó al oficialista por un estrecho margen, se presentó pese a estar inhabilitado.
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