Caracas.- “Hay muchas irregularidades en esa decisión", dice de forma tajante el abogado y exfiscal del Ministerio Público Zair Mudaray sobre la reciente medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la cual deja sin efecto los resultados de la Primaria realizada el pasado 22 de octubre y en la que quedó ganadora la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado.
Este lunes 30 de octubre, ocho días después de la elección, el TSJ admitió un amparo introducido por José Brito, diputado de la Asamblea Nacional. De esa forma, el máximo tribunal del país ordenó suspender “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria (CNP)".
“Brito no tiene legitimidad para esa solicitud, porque para ello tenía que demostrar que intentó inscribirse y no se le permitió", es una de las primeras observaciones que hace el abogado Mundaray al ser consultado por El Pitazo. Recordó que las inscripciones para las primarias fueron abiertas, por lo que cualquier persona que aspirara a participar como precandidato presidencial podía hacerlo.
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“Una arremetida institucional"
El experto, además, cuestiona que el texto de la decisión del TSJ no está publicado; únicamente se puede acceder a la ficha. “Es muy probable que ni siquiera esté hecho. Estas decisiones las hacen en la Procuraduría o desde Miraflores y las mandan solo para firma", expresó.
Para el exfiscal, desde el gobierno de Maduro “alinearon todo para una arremetida institucional". Señala al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, y al TSJ de buscar generar un clima de desasosiego y de demostración de poder. “Por eso es que no publican la decisión sino solo la ficha", apuntó.
Además, considera que a la Sala Electoral del TSJ no le corresponde intervenir sobre la Primaria porque no se le generó un daño a nadie y, mucho menos, al que introdujo el amparo (José Brito). “No se trata de la elección a una elección pública, ni un acto donde participó el Consejo Nacional Electoral. Se trata de un hecho absolutamente privado", dijo.
Agregó que este tipo de acciones privadas pueden ser cuestionadas por vías jurisdiccionales, pero no a través de la Sala Electoral del TSJ, que debió ser la última instancia. “Si se le violó el derecho a alguien, esa persona podía acudir a un tribunal de menor entidad a reclamar, pero van a la Sala Electoral dada la importancia que tiene el evento desde la perspectiva política y lo duro que fue el resultado".
Otro de los señalamientos que hace el exfiscal es la fórmula de ponencia conjunta que utiliza el TSJ, en la que ningún magistrado se hace responsable del razonamiento jurídico. “Queda como algo etéreo, donde todos están de acuerdo pero nadie hace la ponencia, lo cual es absolutamente contrario a la Ley Orgánica del TSJ", expresó.
“Estamos ante un hecho eminentemente político carente de cualquier regulación jurisdiccional", insistió.
Para Mundaray, el gobierno de Maduro queda muy mal parado con esta sentencia, pues no tiene sustento constitucional ni legal, y que, además, atenta contra el acuerdo de Barbados, porque el primer punto de este pacto implicaba el respeto a la posibilidad de que los factores políticos pudieran elegir a los candidatos de su preferencia.
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La inhabilitación a María Corina, uno de los puntos más grave
Según Mundaray, lo más grave de la decisión publicada este lunes por el TSJ es la mención a la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de la contienda opositora. De acuerdo con lo explicado por el abogado, al mencionar a la dirigente opositora el máximo tribunal incurre en una “extra petita", pues, intuye, no se le solicita que constate las inhabilitaciones de los candidatos.
“Lo coloca en una sentencia, lo cual es gravísimo, porque incurre en una falsedad absoluta", dijo. Indicó que la sentencia hace referencia a un acto administrativo inexistente de inhabilitación a María Corina Machado, pues el documento que tiene José Brito es una notificación de que presuntamente existe.
Recordó que cuando Machado fue inhabilitada por la Ley Orgánica de la Contraloría que estaba vigente permitía como pena máxima 15 meses. “Al no poder sacar otro acto sacan una notificación de un acto inexistente y en base a esa notificación que debe haber anexado Brito, ni siquiera guardaron las formas y afirman como cierto lo que esa notificación dice, lo cual es absolutamente inconstitucional".
Asimismo, explicó que con esta acción se viola no solo el derecho de María Corina Machado, sino el de todos los ciudadanos a elegir libremente por quien votar. “Se violentan todos los derechos políticos de los electores, por eso no se trata solo del derecho de postulación de una persona", insistió.
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No hay decisión de fondo
Otra de las observaciones que hace el exfiscal Mundaray ante la sentencia del TSJ es el uso del amparo constitucional como salida para no decidir el fondo de los asuntos. Explicó que los amparos son recursos que intentan que la tardanza de la decisión definitiva no genere un daño constitucional mayor, pero el gobierno de Maduro los usa como herramienta para dejar en indefensión a las personas.
“Lo que les importa es el impedimento del ejercicio de la actividad y, en este caso, de los efectos de la decisión. A eso es a lo que se dedican, sin siquiera analizar el fondo. No les interesa", señaló.
En el caso de la decisión sobre la Primaria, considera que la petición de amparo es ilegal y no se debió proponer. Pero, además, acordar una medida cautelar deja claro que no existe un apego a la legalidad, sino que el máximo tribunal decide en función de los intereses políticos de Nicolás Maduro.
“No hay ninguna racionalidad de orden jurídico para pensar cuál es el derecho presuntamente vulnerado; por el contrario, es la decisión la que vulnera derechos", apuntó.
El amparo cautelar busca quitarle fuerza a un hecho político ya cumplido y cuyos efectos el gobierno de Maduro no esperaba que fueran tan grandes. “Por eso es que permiten en Barbados que eso se produzca, minimizaron la avalancha de votos y están tratando de atacar un tema político por vía legal".
Una investigación vacía
Mundaray cita a sus fuentes en la Fiscalía para asegurar que la investigación contra la Primaria solo se sustenta con unas actas de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) e informaciones públicas. “Tarek William Saab ha simulado unos hechos punibles, ha incurrido en delito de persecución del artículo 7 del Estatuto de Roma", dijo.
También consideró curioso que todos los fiscales del Ministerio Público citaran para el mismo día y con el mismo formato para el mismo delito a los miembros de las Juntas Regionales de la CNP. “Eso demuestra que ninguno de los fiscales es autónomo sino que siguieron una línea institucional que le dio Tarek William Saab como instrumento de la persecución política", agregó.
Criminalizan la participación
El exfiscal cuestiona que el gobierno de Maduro criminalice el ejercicio cívico del voto, cuando, por el contrario, es uno de los pilares de la Constitución. “Esto habla de un Estado forajido, criminal, absolutamente al margen del Estado de Derecho que no desea ni quiere que se instrumentalice la Constitución", dijo.
“La criminalización de la participación constituye un crimen en sí mismo y es un crimen de Estado", agregó. Considera que un evento como la elección Primaria del pasado 22 de octubre de ninguna forma lesiona los derechos jurídicos de nadie.
La petición de cuadernos y actas del proceso electoral es otro de los elementos de la decisión que carece de legitimidad, a juicio de Mundaray. Señala que esta solicitud atenta contra el secreto del voto y es un mecanismo con el que buscan generar retaliaciones. “Esto es muy grave desde la perspectiva de la concepción de la participación política", apuntó.
Además, considera que no se puede cumplir con esa sentencia porque no hay forma de entregar ese material, pero le preocupa que después aleguen que la Comisión Nacional de Primaria desacató la decisión y busquen una vía penal.
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