Caracas.- Familiares y víctimas de asesinados durante la represión de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017 solicitaron ser escuchados por la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela.
«Vemos positivo la asignación de la oficina en Venezuela, siempre y cuando seamos escuchados. Tomando en cuenta que tenemos cinco años buscando justicia que se nos han negado, esto ha sido un camino arduo», dijo Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete.
Señaló que el Ministerio Público realiza investigaciones de manera acelerada sin investigar la cadena de mando. «Las acusaciones que han realizado a pocos funcionarios no corresponden a la gravedad ni realidad de los hechos».
Varias organizaciones no gubernamentales sostuvieron el viernes que la apertura de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela deja en evidencia la incapacidad del Estado para generar por sí mismo mecanismos de investigación y de justicia.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con Maduro, con quien sostuvo varias reuniones esta semana, en la que viajó al país tras ser invitado por el Gobierno.
La CPI abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, especialmente por la represión de protestas en 2017, que dejó cerca de un centenar de muertos.
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