Familiares de comandantes detenidos del Batallón Ayala exigen la liberación

Dos años después de la detención de seis comandantes por reclamar mejores condiciones para sus tropas, familiares denuncian que la Corte Marcial viola el debido proceso de los oficiales

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Leonela Difurt, portavoz del Comité de Familiares de Presos Políticos Militares, señaló que la cárcel de Ramo Verde y la sede de la Dgcim se convirtieron en "depósitos humanos". Foto: Cortesía

Caracas.- Familiares de los comandantes detenidos del Batallón Ayala del Ejército se concentraron la mañana de este lunes 2 de marzo en la plaza Brion de Chacaíto, al cumplirse dos años de su arresto, para exigir a la Corte Marcial la inmediata liberación de los oficiales.

La portavoz del Comité de Familiares de Presos Políticos Militares, Leonela Difurt, señaló que a su esposo, el excomandante del Cuartel Negro Primero de Táchira, Henry Medina Gutiérrez, se le ha violado el debido proceso, pues la corte se niega a emitir boletas, otorgar medidas cautelares o permitir el derecho a un juicio.

Indicó que actualmente en las Fuerzas Armadas impera un régimen en el que un oficial puede ser acusado de conspiración por quejarse de la falta de grapas en su batallón y que sus familiares también viven la angustia de solo poderlos ver dos horas a la semana en la Cárcel Militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, o en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta.

«Convirtieron Ramo Verde y la Dgcim en depósitos humanos donde mantienen a nuestros esposos sin juicio justo», subrayó.

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Sandra Hernández, familiar de Luis Bandres Figueroa, uno de los líderes del alzamiento militar en el comando de la Guardia Nacional de Cotiza en enero de 2019, señaló que su esposo aún presenta signos de tortura en el rostro y manos. «Fue electrocutado. Lo golpeaban hasta desmayarse, luego lo mojaban y electrocutaban para que volviera a reaccionar y seguir golpeándolo (…) Le arrancaron piel de la mano», explicó.

Se solidarizó con los familiares de los oficiales del Ejército detenidos, afirmando que, desde 2014, alrededor de 16.000 personas han sido detenidas por razones políticas en Venezuela.

Por su parte, Yoselyn Carrizales, esposa del teniente coronel Igber Marín Chaparro, señala que su marido se encuentra recluido en un área de los subsótanos de la Dgcim conocida como «la casa de los sueños».

«Desde agosto mantenemos comunicación solo tres horas a la semana; antes de eso estuvo tres meses incomunicado donde solo nos recibían agua y pastillas», aseveró.

Marín Chaparro era comandante del Batallón Ayala y graduado con el promedio más alto de la historia de la Academia Militar venezolana en la promoción “Cnel Miguel Antonio Vásquez". El 2 de marzo de 2018 fue detenido junto a otros ocho oficiales, acusado de liderar una reunión entre comandantes donde expusieron la precariedad en las condiciones de vida de sus tropas y la necesidad de mejorar la situación de los cuarteles en el país.

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