Firma de abogados Foley & Lardner retira asesorías a gobierno de Maduro

El procurador especial designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, informó este jueves 30 de enero que la firma internacional de abogados Foley & Lardner LLP ya no prestará sus servicios legales a la administración de Nicolás Maduro para revertir las sanciones impuestas por EE.UU.

«Hay que seguir impidiendo que el régimen de Maduro dilapide recursos para adelantar sus gestiones por medio de ilegítimos representantes legales», escribió Hernández en su cuenta de Twitter, @Ignandez.

Más temprano, la Procuraduría especial había enviado al bufete un comunicado en que solicitaban la anulación del contrato bajo el argumento de que Maduro no puede ejercer la representación de Venezuela en el extranjero ni suscribir acuerdos a nombre de la República, dado el carácter ilegítimo de su gobierno.

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«Pese a ello, ese régimen sigue desviando recursos públicos en pagos de abogados que usurpan la representación del Estado», rezaba el mensaje.

Un registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que el pasado 24 de enero el procurador designado por Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza, pagó 12,5 millones de dólares a Foley & Lardner para contratar sus servicios de asesoramiento jurídico y prodecimientos ante tribunales e instituciones como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

De acuerdo a los registros, Muñoz Pedroza también contrató a Robert Stryk, de Sonoran Policy Group, para que ejerza como lobby en diferentes entes, a fin de flexibilizar las sanciones económicas y el congelamiento de activos que sufren varios funcionarios del oficialismo implicados en corrupción y violación de Derechos Humanos, y que en algunos casos, se extienden a sus familiares y testaferros.

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