Caracas.- La directora encargada de la ONG Fundaredes, Clara Ramírez, denunció este viernes, 12 de enero, que el director de esta organización y preso político, Javier Tarazona, padece actualmente 10 patologías.
La detención del profesor universitario ocurrió el 2 de julio de 2021, cuando ya tenía algunas enfermedades cardiovasculares y respiratorias y, al cumplirse 30 meses de su detención, su salud está peor.
Javier Tarazona, rostro de la criminalización de la defensa de los DD. HH.
“Javier tiene 41 años y toma 19 medicamentos diarios. Una persona que consuma esta cantidad de pastillas es porque no goza de buena salud. Por eso exigimos su libertad", alertó Ramírez en una entrevista con la ONG Aula Abierta.
Recordó que su detención es una muestra de la criminalización de los derechos humanos en el país.
Según el diagnóstico médico, sufre de hipertensión arterial, arritmia y frecuencia cardíaca elevada, síndrome cardiometabólico, es asmático, insuficiencia venosa, psoriasis, fisuras rectales y neumonía atípica, todo debido a las condiciones de detención.
Ramírez señaló que durante los primeros meses de detención tuvo COVID-19, lo que le ocasionó otras patologías.
La representante de Fundaredes recordó que Javier Tarazona ha sido víctima de torturas y, a pesar de que se han realizado denuncias, no hay ninguna investigación.
“Hemos denunciado en innumerables ocasiones en la Defensoría del Pueblo para que constate la situación de Javier Tarazona y no hemos recibido respuesta alguna", afirmó.
Fundaredes denunció también el retardo procesal que tiene su caso. “La audiencia preliminar ha sido suspendida tres veces. Esto atenta contra el derecho a la defensa y el debido proceso e incide en su salud porque le genera ansiedad", dijo Ramírez.
¿Por qué fue detenido Javier Tarazona?
Javier Tarazona fue la principal voz al denunciar un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC, que se desarrolló en la frontera de Apure y Colombia en 2021.
Autoridades lo detuvieron cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, a denunciar que era víctima de acoso y persecución por funcionarios policiales y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Fue imputado por incitación al odio, terrorismo y traición a la patria.
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