Caracas.- El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes 26 de septiembre las acusaciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señala en un nuevo informe que los organismos de inteligencia civil y militar cometen crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, destaca las «violaciones» de derechos humanos en Venezuela cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Las autoridades de Maduro expresaron, mediante un comunicado, «su más categórico rechazo a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022″.
Según el Ejecutivo, con este mecanismo creado en 2019 «a partir de una cuestionada resolución, promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, se muestra patente el doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía» de Estados que «no se someten» al control «anhelado por algunas potencias».
El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó, al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares del Dgcim, así como 51 en centros de detención del Sebin.
Aunque Valiñas no citó nombres en su comparecencia ante el Consejo, el informe apunta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como responsable último de los abusos, y al vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela (Pusv) Diosdado Cabello, por su «influencia» en el Sebin.
El documento también señala al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al anterior (2014-2018), Carlos Alberto Calderón, así como al número dos en ese periodo, Ronny González.
En el caso de la Dgcim, menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
La Administración de Maduro advirtió de que tomará «las medidas políticas y diplomáticas pertinentes» frente a cualquier intento de de prolongar el mandato de este mecanismo «contra las legítimas instituciones venezolanas» en lo que consideró una «violación de la Carta de las Naciones Unidas» y las resoluciones de la ONU.
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