Un informe del grupo opositor al gobierno de Nicolás Maduro reveló que han tenido que pagar 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios por sumas de 40.000 millones de dólares en activos de Venezuela en el extranjero.
Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros. Además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.
En una nota del medio Voz de América, se detalla que Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. «Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón».
El gobierno interino de Juan Guaidó es reconocido hasta por 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.
Con la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición ha podido administrar activos fuera de las fronteras venezolanas, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.
Esas responsabilidades políticas y gerenciales originaron los reclamos en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas".
Entre los casos destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.
La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.
Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.
Sin de dinero
Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria" para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015.
“Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano", manifestó.
Sánchez Falcón dice haber solicitado que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Si embargo, su propuesta ha sido ignorada.
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