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martes, 6 agosto, 2024
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Hermana de un imputado: qué terrorista va a ser un ayudante de albañilería

Pedro António Mendoza Castillo (23) fue judicializado por terrorismo, incitación al odio, daño a estructura de uso público y obstrucción de vía pública

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«Mi hermano no es ningún terrorista. Qué terrorista va a ser un ayudante de albañilería. Él es un muchacho trabajador que aún vive con su mamá en el Monseñor Unda, un barrio muy pobre y olvidado del este de la ciudad».

Así se dirige Enma Mendoza al fiscal general Tarek William Saab, a quien solicita una investigación transparente sobre la profanación de la estatua del indio Coromoto en Guanare, ocurrida la tarde del pasado lunes, 29 de julio, en el marco de las protestas posteriores a la elección presidencial venezolana.

«No se puede imputar de delitos tan graves a una persona solo por tener un culpable. Mi hermano no estaba, siquiera, en la redoma del indio. Cuando lo apresó la Policía él se desplazaba con un vecino por el corredor vial Tomás Montilla. Venía de su trabajo, hay fe de ello», argumenta la mujer.

Portuguesa | Adolescente apresado en protestas fue imputado por terrorismo e incitación al odio

Enma Mendoza es hermana de Pedro António Mendoza Castillo, un joven de 23 años que fue judicializado por estos hechos, junto a cuatro muchachos de igual número de barriadas populares de la capital del estado Portuguesa.

Ese lunes, Guanare vivió por más de cinco horas una intensa protesta ciudadana en oposición a los resultados anunciados por Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante dos horas, y sin la observación de los cuerpos de seguridad del Estado, decenas de manifestantes derribaron el monumento del indio Coromoto, una escultura en hierro forjado erguida sobre una columnata de 10 metros de altura. La estatua fue instituida en abril de 2022 en un redondel donde convergen las avenidas José María Vargas, José Vicente de Unda y Simón Bolívar.

Pedro Antonio Mendoza Castillo , natural de Guanare Portuguesa | Foto: cortesía, álbum familiar

Enma Mendoza aseguró a El Pitazo que Pedro António Mendoza Castillo fue señalado por el propio fiscal Saab de cometer terrorismo. «Al fiscal lo engañaron con actas policiales que reflejan procedimientos montados y engañosos; y ahora nuestros familiares son castigados por delitos que no cometieron», señaló Mendoza en la Defensoría del Pueblo, dónde acudió a solicitar garantía de derechos humanos.

Mendoza está recluido en la comandancia general de la Policía estadal. Los actos iniciales para su judicialización de desarrollaron entre la noche del martes 30 de julio y el 01 de agosto en el destacamento 311 de la Guardia Nacional.

Sube a 23 la cifra de muertos durante las protestas postelectorales

En ese cuartel militar de Guanare, pese a ser sus jueces naturales, Lisbeth Karina Díaz, titular del tribunal de control 1 y el fiscal 1 del Ministerio Público, Javier Uzcátegui, rechazaron conocer de su caso. Por órdenes superiores, los funcionarios traspasaron la competencia al tribunal del Área Metropolitana de Caracas especializado en delitos de terrorismo, informó el Foro Penal en la región.

Pese a que Mendoza Castillo no fue apresado en conjunto ni conoce al resto de los implicados en la investigación, su causa penal no fue individualizada. Fue sumada a las de Yhoanderson Zambrano González (24), Albi José Niño Torin (45) y Jhonny Manuel Peñaloza Inojosa (21).

En forma colectiva, fue imputado por los delitos obstrucción de vías públicas (Art 357. Código Penal), incendio de estructura de uso público (Art. 343 Código Penal), incitación al odio (Art. 20 Ley contra el odio convivencia y la tolerancia pacífica ) y terrorismo (Art 52 Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo) .

Enma Mendoza se refiere a la situación que viven estas familias como muy dolorosa. «No conocemos Caracas, no tenemos recursos económicos para viajar y hacer diligencias. No sabemos quiénes son el juez Ángel Betancourt, la fiscal 48 nacional María Ojeda ni el defensor público 41 Samuel Serrano», dijo la entrevistada a El Pitazo.

«Estas personas serán las responsables de armar un expediente a distancia, quien sabe con qué argumentos y con qué pruebas, pues a los muchachos nada los inculpa», explicó.

Enma Mendoza cuestionó que a los investigados se les haya otorgado asistencia técnica legal de la Defensoría Pública, contrario a la exigencias de los familiares, que solicitaban defensores privados. «Con una defensa de confianza nuestra angustia sería menor», indicó.

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