Caracas.- Una investigación de la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) concluye que existe conexión entre el delito de persecución por motivos políticos, que califica de crimen de lesa humanidad, y los asesinatos con motivaciones políticas registrados en Venezuela al menos desde 2014 y que involucran a diversos cuerpos de seguridad del Estado.
El informe de la investigación titulada Tipologías estatales e impunidad en Venezuela, elaborado por los abogados y especialistas Fernando Fernández y Daniela Suárez, advierte sobre las características aplicables al Estado venezolano como una estructura híbrida, dual, frágil y anómica, con altos niveles de impunidad.
“El crimen de persecución por motivos políticos y el de asesinato son concurrentes, interdependientes e interdeterminados. Esto quiere decir que se condicionan funcional y materialmente. La persecución y el desenlace en asesinatos son conductas propias de un Estado criminal, tipología en la que también se encuentra inserta Venezuela", destaca el informe de JEP.
Según el seguimiento de la ONG, basado en el trabajo cotidiano con víctimas y la documentación de sus abogados en los últimos años, hasta marzo de 2023 en Venezuela se registraron 334 asesinatos por motivos políticos sin que todavía existan investigación o enjuiciamiento que incluyan a miembros de las cadenas de mando de los diferentes cuerpos de seguridad involucrados.
De acuerdo con JEP, solo en 19 de los 334 casos de víctimas fatales del patrón de persecución política en Venezuela ha habido cuestionados procesos judiciales.
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“El crimen de persecución concurre con las encarcelaciones, torturas, abusos sexuales que se han perpetrado en el país en los últimos años y que están siendo investigados por la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Igual acontece con el desplazamiento forzado y otros actos inhumanos de los que todavía no se ha hecho mención expresa por parte de ese organismo, pero que están presentes en la diáspora de más de 7 millones de expatriados que se han ido forzadamente de Venezuela y los millones que viven en el país en grado de pobreza extrema", resalta el informe de la ONG en el apartado titulado Perpetración de crímenes de lesa humanidad como resultado de la tipología del Estado híbrido.
Políticas estatales
El informe de la ONG describe dos tipos de políticas estatales que, al menos desde 2014, vinculan a cuerpos de seguridad del Estado en la comisión sistemática de delitos: las ejecuciones extrajudiciales y la discriminación política.
“Venezuela entra en lo que se conoce como el fenómeno de persecución negativa: cualquier persona es una potencial víctima frente a la actitud ilegal del Estado. Esa es la explicación de por qué al evaluar las distintas víctimas que existen en el país, encontramos que van desde defensores de derechos humanos hasta líderes sindicales, activistas o comunicadores sociales; no hay un grupo definido, sino que basta con que cualquier persona sea identificado o percibido por el Estado como un enemigo real o potencial", explicó Suárez en la presentación del informe.
JEP detalla tres tipos de asesinatos analizados: aquellos cometidos contra quienes participaron en manifestaciones pacíficas, por un lado; otra clasificación es la que corresponde a las víctimas que se encontraban en el lugar de las protestas pero que no participaban en ellas y un tercer tipo incluye los asesinatos en contra de víctimas selectivas.
Sobre la política de represión en protestas y manifestaciones por derechos básicos como acceso a servicios públicos o mejoras salariales, Suárez resalta el componente de disuasión general basado en el temor para inhibir la protesta.
“Las víctimas son privadas de su derecho fundamental, porque se las considera enemigos internos del gobierno nacional y esto tiene una clara motivación: desincentivar el ejercicio a la manifestación pacífica, porque mientras más represión haya, quien quiera manifestar lo va a pensar dos veces. Es una disuasión general que se basa en el temor", agregó la abogada.
Asesinatos selectivos y paulatinos
JEP detalla dos formas de asesinatos: los selectivos y los paulatinos. En el primer tipo, la ONG resalta el caso de Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien murió por la acción de cuerpos de seguridad estatales pese a su rendición.
“En el caso de Óscar Pérez, las fuerzas de seguridad, actuando en conjunción con grupos de civiles armados, y a pesar de la existencia de una rendición, atacaron hasta privar del derecho a la vida a las víctimas. Eso no se busca ni siquiera en el contexto de una guerra, porque si ha habido una rendición y se comete una ejecución podría calificar como crimen de guerra", añadió Suárez.
El segundo tipo de asesinato al que alude la ONG es el paulatino. Se refiere al relacionado con las víctimas privadas de libertad de forma arbitraria, que luego no tienen acceso a ningún tipo de atención médica o especializada en el centro de reclusión.
Casos icónicos vinculados con el segundo tipo de asesinato lo representan las muertes del capitán Rafael Acosta Arévalo y del general Raúl Isaías Baduel.
“Conocemos casos de personas que están en precario estado de salud, que ha sido comunicado a las autoridades, sobre las que pesa una recomendación por parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias solicitando su liberación inmediata. Otras personas han muerto en prisión; el Estado se niega a proveerles atención médica", destacó Suárez.
De acuerdo con JEP, la coincidencia geográfica en los asesinatos por motivaciones políticas es un patrón común.
“Hay una coincidencia geográfica cuando comparamos la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La totalidad de asesinatos se han desarrollado a escala nacional, no se trata solo de algunos estados, sino que es algo endémico: surge de forma generalizada en todo el territorio nacional", precisó Suárez.
“Además hay una coincidencia personal, porque los cuerpos del Estado que están siendo investigados por la Fiscalía por ejecutar actos persecutorios vinculados con detenciones arbitrarias, son los mismos que participan en los asesinatos motivados políticamente, muchas veces en conjunción con colectivos", añadió Suárez.
Cuerpos de seguridad
La lista de “cuerpos de seguridad actuantes" en la comisión de crímenes y violación de derechos humanos, de acuerdo con la evaluación de JEP incluye a la Guardia Nacional (GN), cuerpos policiales como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES-PNB), Cicpc, policias estadales (Carabobo, Delta Amacuro, Portuguesa y Lara), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“Las fuerzas de seguridad del Estado son las que más participación han tenido en los 334 asesinatos documentados por JEP. No quiere decir que son las únicas, pero sí sobre las que la organización cuenta con documentación suficiente para afirmar esa participación", puntualizó Suárez.
La abogada destacó la gravedad en cuanto a la implicación del Cicpc en casos de violación de derechos humanos y crímenes por persecución política.
“En el caso del Cicpc, es preocupante porque estamos hablando del mismo cuerpo que está llamado a ser el que investigue estos eventos es el que, además, los perpetra. Es un fenómeno que aumenta los niveles de impunidad", añadió Suárez.
La opacidad en la información vinculada con los cuerpos de seguridad y su fundamento normativo, cadenas de mando y las divergencias en el marco regulatorio o de normas son características que comparten los organismos de seguridad del Estado señalados en el informe de JEP.
“Bien sea en el contexto de las manifestaciones pacíficas o en desarrollo del patrón de muertes selectivas, los funcionarios de la GN, Guardia del Pueblo, Conas, PBN, Faes, Cicpc, Dgcim, Sebin y de las policías estadales y municipales, se erigen como los máximos exponentes de la represión. En ningún caso se trata de hechos aislados o circunstanciales. Las evidencias disponibles indican que siguen órdenes dictadas por la alta jerarquía de la cadena de mando respectiva", detalla el informe de JEP.
Cadenas de mando y responsabilidad
Súarez y Fernández consideran que al momento de determinar responsabilidades individuales en los diversos cuerpos de seguridad señalados en la comisión de delitos y violación de dercehos humanos no basta con que una persona sea parte de una cadena de mando.
“No basta con que algunas personas estén en una situación de mando o autoridad para hacerlas automáticamente responsables por los crímenes que ejecuten sus subalternos. Por eso, una forma que analizamos y que nos parece pudiera resultar aplicable a las personas en la cadena de mando es la autoría mediata por estructuras organizadas del poder", especificó Suárez.
La autoría mediata es una figura jurídica que se encuentra en el Estatuto de Roma, por lo que la Fiscalía de la CPI podría evaluar su aplicación según los casos que seleccione en el contexto venezolano, de acuerdo con lo que detalló Suárez en la presentación del informe.
“El Código Penal venezolano no determina cada forma de responsabilidad de un modo detallado, como en el Estatuto de Roma, donde se habla de autor directo, mediato o coautor. En Venezuela, se subsume todo bajo la figura de perpetrador", agregó la abogada.
“Creemos que incluso con la jurisdicción actual en Venezuela es posible aplicar la figura de autoría mediata por estructuras de poder, porque la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad, pese a que nacen de forma legítima, con el paso del tiempo se han alejado de la función garantista y protectora, y se han ido convirtiendo en una estructura criminal", concluyó Suárez.
En abril, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó a la Fiscalía CPI para que reanudara la investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
“Deben continuar explorándose diversos mecanismos en el plano doméstico e internacional tendientes a determinar la verdad de los hechos ocurridos, la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes, especialmente de aquellos que ocupan posiciones de poder en la cadena de mando, de reparaciones integrales para las víctimas y de medidas que permitan conservar la memoria histórica y evitar la repetición de violaciones iguales o similares en el futuro", advierte el informe de JEP.
“Mientras el Estado venezolano no quiera utilizar las herramientas de derecho común que tiene, como hicieron los argentinos para enjuiciar a la Junta Militar, pues esa es la puerta que existe", destacó Fernández al referirse a la labor de la Fiscalía de la CPI en el caso venezolano y su relevancia en el contexto jurídico nacional.
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