Caracas.- Tras la publicación del informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que responsabiliza al Estado venezolano de reprimir a la disidencia y atentar contra los habitantes del Arco Minero del Orinoco, puede aumentar la persecución de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han cooperado con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, alertaron dos expertos consultados por El Pitazo.
El 20 de septiembre se dio a conocer el tercer informe de la Misión de la ONU en Venezuela que recoge 245 entrevistas de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el mandato de Nicolás Maduro; sus familiares y exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre otros organismos.
La directora del Centro para los Defensores y la Justicia y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), abogada Marianna Romero, indicó que en años anteriores recrudecieron la intimidación y el hostigamiento contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación después de la divulgación de los informes de la ONU.
“Es importante recordar que como parte de las obligaciones internacionales, el Estado debe abstenerse de cometer represalias contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y esto no se está cumpliendo. Vemos los reportes del Centro para los Defensores y la Justicia: entre enero y agosto de 2022 hemos recogido 261 agresiones", precisó.
Para Romero, esta es una demostración de que no existe ninguna intención por parte del Estado de “garantizar un entorno propicio y seguro para quienes se encuentran en primera línea de acción documentando y denunciando lo que sucede en el país".
Asimismo, manifestó que en el país han escalado los ataques contra activistas de derechos humanos, tal y como lo reseñó la misión con las detenciones de los integrantes de las ONG
Azul Positivo y FundaRedes. Javier Tarazona, director de esta última organización, permanece detenido en el Sebin desde mediados de 2021.
El integrante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), sociólogo Nelson Fréitez, aseguró que Venezuela está bajo el escrutinio de la comunidad internacional desde hace ocho años por las violaciones de derechos humanos y la criminalización de aquellos que brindan asistencia a las víctimas.
“El Gobierno considera que los defensores son enemigos internos porque en su criterio todo
lo que se ha documentado debería ocultarse. ¿Qué podemos esperar después de la publicación del informe de la ONU? Que arrecie el clima de hostigamiento", advirtió.
Que siga la Misión
Los resultados de la investigación serán presentados ante los 47 Estados miembros del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 26 de septiembre. El Estado podría desacreditar el trabajo de la misión de la ONU y las ONG para negar los señalamientos en su contra, declaró Fréitez a El Pitazo.
Pero esta intervención también permitirá que se renueve el mandato de la misión para
documentar las violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela. El
mecanismo de Naciones Unidas inició el registro de casos en 2019.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, instó a la comunidad internacional a continuar
con el monitoreo de estos casos y evaluar si hay avances creíbles para garantizar una
justicia imparcial.
“Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares,
funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan,
orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad", concluye el más reciente informe de la ONU.
Según Fréitez y Romero, este trabajo evidencia el perfeccionamiento de los patrones de
represión y sienta un precedente al identificar la cadena de mando y a los funcionarios
involucrados en estos hechos.
“Es un aporte esencial para poder avanzar en todos estos procesos de verdad, justicia y
reparación y el hecho de que pueda ser renovado el mandato de la misión. Va a ser clave
no solo para las víctimas y sus familiares, sino también para los defensores, pues seguimos
necesitando mecanismos para velar porque estas violaciones y potenciales crímenes de
lesa humanidad no queden impunes", dijo Romero.
Pese a los exhortos de la ONU y de la comunidad internacional, en Venezuela siguen
registrándose torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas sin que el
Estado rinda cuentas de sus actuaciones, sostuvo.
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