Por: Gabriel Peraza, del Programa de Formación de Nuevos Periodistas
La familia de Jeancarlos Rivas tiene 30 días sin saber de él. Desapareció el 14 de junio, y un día después el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) le notificó a su madre, Keyla López, que estaba detenido. El abogado que ha acompañado a sus parientes durante este período, Joel García, aseguró que el joven de 19 años está en “un secuestro policial con apariencia de un proceso judicial".
El defensor de derechos humanos definió la situación de Rivas como “una incertidumbre total". Al ser consultado por El Pitazo, además de denunciar la incomunicación en la que se encuentra el joven, explicó las causas por las que aún permanece privado de libertad y habló del ajetreo por el que ha pasado su familia para intentar, sin éxito, que pueda designar a su defensa.
Más trabas que garantías
La defensa privada elegida por los familiares de Rivas no se ha podido juramentar; por lo tanto, no ha accedido al expediente del caso. García indicó que el responsable de esta situación es Carlos Liendo, el juez segundo de control con competencia en terrorismo.
“Pese a que es un juez de garantías, un juez constitucional que debe velar por el cumplimiento de todos los derechos del imputado, le ha negado el derecho a la defensa a Jeancarlos", agregó García.
Rivas fue detenido luego de participar en una actividad de campaña electoral. El partido del que forma parte, Voluntad Popular (VP), también ha intentado contactar con él. “No hay ni siquiera una fe de vida suya", dijo Yover Sánchez, presidente la Comisión Política y Derechos Humanos del estado Zulia, quien conversó con El Pitazo el pasado 21 de junio. Dos días antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que el joven fue imputado por asociación e incitación al odio.
“Es inaudito decir que incita al odio o que se asoció para cometer actos delictivos", declaró el activista de VP, José Riera, a este medio. Además, destacó la vocación social de su compañero: “Lo conozco desde que tiene 15 años, tiene unos sueños increíbles de superación y quiere que se logre la libertad en Venezuela".
Aparentar más que actuar
La Defensoría Pública le designó un funcionario a Rivas, aunque García señaló que lo ha acompañado más que defendido. “Estos defensores, por órdenes de sus jefes inmediatos, tienen la prohibición expresa de ejercer algún recurso de apelación, o algún tipo de impugnación", explicó.
Los funcionarios elegidos por la Defensoría para atender los casos vinculados o asociados al terrorismo tampoco pueden promover pruebas. De esta forma es que las autoridades hacen ver que se le está cumpliendo el derecho a la defensa del imputado.
“El derecho es que el imputado designe a su defensor de confianza y, de no tenerlo, el Estado le provee uno. En este caso, él tiene defensores de confianza, pero el juez de control se ha negado a ello", reiteró.
Un bucle innecesario
La justificación del juez de control para negar la defensa privada es que Rivas no ha firmado el nombramiento de su defensor. Sus familiares se han presentado en El Helicoide, donde está detenido, pero allí le han dado otra instrucción: el proceso es en el tribunal.
“Este ping-pong, del tribunal al Sebin y viceversa, se ha mantenido. Vamos a tener un mes en esto", declaró García, y recordó que cuando se cumplan 45 días, el Ministerio Público debe emitir un acto conclusivo. Tanto la familia como el abogado prevén que ese pronunciamiento será una acusación.
Si la acusación es emitida, la defensa de Jeancarlos deberá contestar, deberá seccionarse, pero su círculo cercano no tiene expectativas de que el defensor público actúe. “Seguramente no lo va a hacer, ya que no aportó prueba alguna", dijo García.
Así como Rivas, entre el 15 y 17 de junio hubo otros tres detenidos que siguen privados de libertad. Son los periodistas Gabriel González y Luis López, así como el coordinador de Vente Venezuela en Maiquetía, Juan Iriarte. La incertidumbre persiste un mes después de que han sido retenidos por las autoridades. Por eso sus familiares, compañeros y abogados siguen exigiendo el respeto de sus derechos, para que ellos puedan defenderse con las garantías que la ley establece.
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