El gobierno de Nicolás Maduro anunció este 15 de octubre un plan de descongestionamiento de los centros de detención preventiva, considerados como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la Constitución estipula que los internos no deben permanecer más de 48 horas.
Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, informó a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa de desahogar los calabozos nació como parte de la preocupación del gobierno que representa por garantizar la justicia y los derechos humanos. Saab no estuvo solo, lo acompañó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; el director del Sebin, Gustavo González López, y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.
De acuerdo con Saab, desde el miércoles 16 de octubre iniciarán las primeras acciones para disminuir el hacinamiento de los centros de detención en el ámbito nacional, primero en la Gran Caracas y luego irán por los que están situados en los ocho estados con mayor índice poblacional.
La medida ha sido anunciada para los calabozos de la Guardia Nacional y del Cicpc, a pesar que los que agrupa la Policía Nacional Bolivariana son los que tienen mayor cantidad de denuncias de motines y homicidios, como la Zona 7, ubicado en Boleíta, municipio Sucre, donde el pasado 7 de septiembre se registraron dos muertos como consecuencia de una fuga masiva en la que escaparon más de 30 detenidos.
¿Qué lleva al gobierno a anunciar esta medida?
El 31 de julio, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad ofreció un balance sobre la situación que se vive en 203 centros de detención preventiva durante los primeros seis meses de 2019. Los estados analizados fueron Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira.
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La investigación llegó a la conclusión que de los 110.000 presos que hay en Venezuela, al menos 60.000 están ubicados en los calabozos policiales. La diputada a la Asamblea Nacional Yajaira Forero responsabiliza de este hacinamiento a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, también la señala e indica que por el Código Orgánico Procesal Penal al ministerio que encabeza le corresponde velar por los derechos humanos y la vida de los privados de libertad.
Otro de los factores que ha podido generar que la Fiscalía meta la lupa en los calabozos policiales es la cantidad de muertos que se han reportado en los últimos años El último informe de Una Ventana a la Libertad detalla que hasta el 31 de junio murieron 119 detenidos; 26 de ellos fallecieron en intentos de fugas o evasiones exitosas, otros fallecieron en golpizas, motines, enfrentamientos entre reclusos y enfermedades como tuberculosis y paludismo, que cobraron la vida de 20 presos.
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