El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, exiliado en España, denunció el viernes el «blanqueamiento diplomático» que, a su juicio, supone que Calixto Ortega sea embajador del gobierno de Nicolás Maduro en Países Bajos.
Ortega, quien también es magistrado del Tribunal Supremo desde 2015, es acusado, entre otros, en un informe reciente de la Organización de Estados Americanos (OEA), redactado por expertos independientes, de «haber colaborado activamente en la comisión» de crímenes con «detenciones arbitrarias».
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Consultado en conferencia de prensa en Madrid si considera que también es parte de ese «blanqueamiento» la llegada de una nueva embajadora de Venezuela a Madrid, Coromoto Godoy, y si España está «contribuyendo» a ello, López respondió:
«Yo creo que sí hay un proceso de normalización, un proceso en donde se busca presentar a la dictadura de Nicolás Maduro como un gobierno legítimo. Evidentemente, eso tiene consecuencias de percepción y también política».
«Como venezolano -prosiguió-, estoy en desacuerdo con un reconocimiento a una dictadura que tiene todos los señalamientos (…) por los organismos internacionales de mayor relevancia en el planeta, que señalan a Nicolás Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad».
Instó así a que haya «presión sobre la dictadura», un «acompañamiento diplomático», pero no una normalización ni estabilización de las relaciones.
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López se refirió a una «obligación moral» de no olvidar y dar relieve políticamente y en los medios a «todo lo han sufrido miles y miles de víctimas en Venezuela».
«Por eso nosotros esperamos que la opinión pública en España, que las distintas organizaciones políticas de todo el espectro puedan nuevamente tener un espacio de atención hacia lo que ocurre en Venezuela, porque la tragedia continúa…», alertó.
Responsabilizó a Maduro de una situación política «totalmente estancada», sin dar pasos hacia una democracia real con vistas a unas elecciones presidenciales «libres» en 2024.
A pesar de todo, se mostró «total y absolutamente» comprometido con el proceso de primarias para elegir un candidato presidencial de la oposición, y, en este sentido, «la primera línea de lucha la tienen que dar los venezolanos que están en Venezuela», agregó.
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A su vez, el abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez denunció como «absolutamente improcedente» la pretensión del Gobierno de reanudar el diálogo con la oposición, si se renuncia a la vía de la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar los «crímenes» del chavismo.
De acuerdo con Gutiérrez, esa situación denota que se está «reconociendo la participación criminal de los altos líderes (venezolanos) en crímenes».
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