Caracas.- La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, afirmó este martes 3 de diciembre que tiene un equipo investigando las presuntas irregularidades en la empresa venezolana Monómeros y las acusaciones de corrupción contra la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).
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«Recibí una denuncia en el Ministerio Público de los presuntos manejos irregulares en Monómeros y ya abrimos una investigación. Por este caso también voy a dirigir una comunicación al fiscal general de Colombia #3Dic», declaró Ortega a la emisora BluRadio.
Desde el pasado 23 de mayo, la empresa, considerada el mayor activo de Venezuela en Colombia, está en manos del presidente encargado, Juan Guaidó. Cuando fue nombrada la nueva junta directiva, la compañía se encontraba operativa apenas en un 50% de su capacidad. Alcanzar la operatividad total era uno de los principales objetivos.
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Cuatro meses después, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, denunció el deterioro y el saqueo de la empresa, en el que estaría presuntamente involucrado Guaidó.
A este señalamiento, Guaidó respondió con un informe detallado sobre la situación de la empresa y responsabilizó al gobierno de Maduro de la malversación de fondos.
«Como todos los activos bajo el control del régimen, encontramos a una empresa malgastada y debilitada financieramente a causa de contratos millonarios asignados sin licitación alguna, lo cual demuestra el saqueo que la dictadura ejerció», detalló el documento.
Ortega Díaz también informó que pidió a la Fiscalía de Colombia un informe sobre los diputados venezolanos que han ido a estas instancias a solicitar cartas de buena conducta.
«He iniciado una investigación penal sobre los hechos en los cuales han incurrido presuntamente algunos parlamentarios de la AN. Estos hechos están relacionados con el pago de dinero a diputados para exonerar de culpabilidad penal a empresarios relacionados con la importación de alimentos Clap, Alex Saab y Álvaro Pulido», señaló.
Ortega recordó que no es responsabilidad de los diputados exonerar de culpabilidad penal o civil a ninguna persona.
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