Caracas.- Juan Pablo Pernalete llevaba una bandera de Venezuela amarrada al cuello el día en que fue asesinado. Aquel 26 de abril del año 2017, el país se sacudía por una ola de protestas que rechazaban las dos sentencias del TSJ que suprimían las competencias de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora.
El Ministerio Público determinó que Juan Pablo murió por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho y que fue lanzada por funcionarios de la Guardia Nacional (GN) que en ese momento reprimían una marcha que se dirigía hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas. Una versión que fue desmentida por algunos líderes del oficialismo.
La Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) también denunció que aún no hay justicia por esl asesinato del joven estudiante universitario, deportista, y luchador social.
Juan Pablo Pernalette fue uno de los 120 muertos que ese año se registraron en medio de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Elvira Pernalete, madre del joven que murió cuando apenas tenía 20 años, aseguró que cinco años después del asesinato de su hijo no se ha hecho justicia.
«Las investigaciones en Venezuela benefician a los victimarios y no a las víctimas. Aún los autores materiales continúan en libertad, sin existir indicio de investigación a la cadena de mando sobre este hecho», dijo en una entrevista con la ONG Provea.
Elvira Llovera señaló que durante este tiempo se han enfrentado a un sistema de justicia viciado, donde los han revictimizado y les han hasta cambiado reiteradamente los fiscales con la finalidad de darle más larga a la investigación.
“Hasta la fecha han sido 15 jueces quienes se han encargado de nuestro caso, comienzan desde cero, a analizar el expediente y nunca obtenemos respuesta por parte de ellos, más que excusas», dijo.
Aseguró que la denegación de justicia le ha ocasionado a ella y a su esposo un daño moral y psicológico. «El caso de su hijo continúa en etapa de investigación: y no han entrado en la etapa de juicio«, dijo.
Elvira de Pernalete dijo que era positivo que la CPI instale una oficina en Venezuela «siempre y cuando las víctimas sean escuchadas y que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación».
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