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Caracas.- El miembro de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la determinación de los hechos, Francisco Cox, advirtió este viernes, 17 de septiembre, que no se puede subestimar el rol de jueces y fiscales del sistema judicial venezolano con relación a la impunidad existente sobre violaciones de derechos humanos, una situación reflejada en el más reciente informe publicado por la misión internacional.
«Hay un involucramiento directo por parte de jueces y fiscales en la emisión de órdenes de arresto para cubrir períodos en los cuales las personas han sido detenidas», explicó Cox en una entrevista concedida a la periodista venezolana Diana Carolina Ruiz.
«Otra forma de participación indirecta —añadió el funcionario— es con la aceptación de evidencia que es obtenida con violaciones al Código Procesal Penal de Venezuela: sin orden de allanamiento, sin que se haya individualizado la policía o fuerzas de seguridad y, en no pocas ocasiones, convalidando tortura».
El reciente informe de la Misión Independiente de la ONU resaltó la profunda erosión del sistema judicial venezolano, en el que la independencia está ausente, una situación validada por Cox, quien agregó que, de acuerdo con una de las fuentes entrevistadas para la elaboración del informe (un exjuez), la arbitrariedad es la norma en el sistema judicial, al punto de que las sentencias eran dictadas con instrucciones directas del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.
«Hemos constatado que se ha producido una erosión de la independencia de los jueces. Cada vez más hay jueces provisionales y no de carrera: se aplica el sistema de disciplina fuera de los rangos de la ley porque se ha interpretado que con jueces provisionales se puede aplicar, con lo cual se cae en mucha arbitrariedad», agregó Cox.
El miembro de la instancia independiente de la ONU señaló que han recomendado a las autoridades venezolanas seguir los estándares establecidos en la Constitución acerca del nombramiento de jueces, la entrega en propiedad de cargos para fiscales y jueces, así como para el fortalecimiento del sistema judicial. «Que se abstengan actores políticos de interferir en la administración de justicia en el caso de opositores», agregó Cox.
