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Caracas.- Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación tipificado en la Constitución, el cual determine si el partido Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones penales o administrativas.
Explicó en declaraciones al país desde la sede del TSJ en Caracas este lunes, 25 de mayo, que las peticiones que el Ministerio Público hace a dicho ente son: establecer si la conducta del partido es susceptible de generar responsabilidad en materia penal, civil o administrativa. Por consiguiente, declarar a Voluntad Popular, una «organización criminal con fines terroristas» y que la misma sea disuelta.
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Estos serían las responsabilidades al acreditarse que la organización política sirvió de «velo» corporativo para ocultar responsabilidad gremial en la comisión de «múltiples, permanentes y continuados delitos que distorsionan los postulados de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones", dijo el funcionario chavista.
Saab recuerda que el partido político fue iniciado como un movimiento en 2009 pero aceptado por el Consejo Nacional Electoral en 2011, posteriormente lo culpó de diversos hechos violentos que se suscitaron en el país, como las protestas de 2014. También asegura que propiciaron los mismo disturbios en 2017.
«Esta práctica terrorista se repitió en 2017, esta vez con mayor violencia e intensidad; cuando se contabilizaron decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera ocurrido en Altamira», agregó.
Continuó implicando a la organización y pasó a Juan Guaidó, quien era miembro del partido cuando se juramentó como presidente interino de Venezuela; Saab subrayó que él «se robó» lo activos de la nación en el exterior para «atacar y generar una guerra civil» que diera con un golpe de Estado, se trata de la llamada Operación Gedeón, que aseguró, fue pagada con dinero del país.
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«Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio», culpó, al tiempo que sostuvo que la última acción del partido fue presionar a AT&T para que sacara a DirecTV de Venezuela y pedir a Estados Unidos que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país con gasolina y aditivos.
Instó al TSJ a proceder a dictaminar en consecuencia, pues a su juicio, hay suficientes pruebas «notorias» para determinar al partido como una «organización terrorista».
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