Caracas.- La ONG Acceso a la Justicia advirtió en su más reciente informe que el espacio cívico pasó de estar restringido a considerarse cerrado en el país. La declaración la hizo este jueves 11 de julio.
“El limitado espacio cívico venezolano se redujo en 12 meses. Acciones como la presentación del proyecto de Ley Antisociedad (Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines) y la reactivación del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, o la intervención judicial de varias organizaciones civiles, incluidas algunas humanitarias como la Cruz Roja, explican este deterioro", señala la ONG en su informe titulado En 2023 se profundizó el cerco al espacio cívico venezolano.
Ali Daniels, director de esta ONG, destacó durante la presentación online de este documento que la Ley Antisociedad abusa de la invocación de los derechos humanos para actuar en contra de ellos.
“Se dice que el fin de la Ley Antisociedad es regular el financiamiento pero el 34% de sus artículos son punitivos. La ley establece multas confiscatorias y sin lapso de prescripción", alertó el director de la ONG.
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Daniels aseveró que este reglamento impone como obligación del Estado el seguimiento y control de las organizaciones, pero no así su defensa.
El informe de Acceso a la Justicia revela que existe una severa amenaza para la independencia de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), lo que hace insostenible el funcionamiento de aquellas que le resultan incómodas al Gobierno de Nicolás Maduro.
La ONG Acceso a la Justicia denunció que la Asamblea Nacional decidió retomar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional para regular las fuentes de financiación de las organizaciones civiles.
El TSJ como interventor
Daniels destacó que el Tribunal Supremo de Justicia ha actuado como interventor de asociaciones y gremios, en especial sobre sindicatos y partidos políticos.
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“En 2023 se preparó el terreno para elecciones a la medida con el nombramiento inconstitucional del Consejo Nacional Electoral, la anulación de la primaria y la inhabilitación política para coartar el derecho al sufragio e intervención de partidos políticos intervenidos", señaló el vocero de Acceso a la Justicia.
Estado de derecho
Según el Índice del Estado de Derecho de World Justice Project, Venezuela volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en esta materia, la misma posición que consiguió en 2022, añadió la fundadora y directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, Laura Louza.
Agregó que en mayo de 2023 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se pronunció por la falta de una justicia con enfoque de género, lo que afecta el acceso a la justicia de las mujeres en Venezuela y grupos vulnerables.
“2023 no fue un buen año para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela. En particular el derecho a la asociación, así como a elegir y a ser electo. Tampoco lo fue para quienes buscan que sean castigados los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad ni para la recuperación de la independencia judicial", concluyó la ONG.
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