Caracas.- Las instituciones del Estado venezolano están perdiendo el poder que, cada vez más, queda en manos de grupos armados irregulares, varios de ellos de origen colombiano, según un informe de Crisis Group sobre América Latina.
«A medida que la crisis política venezolana se profundiza sin un final a la vista, el poder se les escapa a las instituciones estatales formales y cae en manos de diversos grupos armados irregulares. Detrás de este fenómeno hay diversas causas. La lucha incesante entre el Gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas de oposición», recoge el estudio de la ONG.
El informe denominado «Armas por doquier: Cómo frenar la amenaza de grupos violentos a Venezuela», agrega que «la devastación económica provocada por la mala gestión del Gobierno, ahora agravada por las sanciones impuestas por EE. UU., ha llevado a numerosos venezolanos a ocuparse con actividades ilícitas, a veces relacionadas con el crimen organizado».
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Además, destaca que «la vulnerabilidad de las largas fronteras ha permitido que las guerrillas colombianas se establezcan en el interior del país».
Cuatro grupos, dos de origen colombiano
El informe detalla que los grupos armados que hay en el país «están lejos de ser idénticos, pero que todos están listos para usar la violencia y el control territorial con el fin de promover sus objetivos, y cualquiera de ellos podría sabotear un posible acuerdo entre las fuerzas políticas venezolanas».
«Las guerrillas en Venezuela hoy son, en gran medida, trasplantes de la vecina Colombia, aunque también reclutan miembros locales que superan en número a los colombianos en ciertas áreas», reza el informe.
Disidentes de las Farc y ELN
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dos grupos armados que frecuenta la frontera colombo-venezolana, son los que no se unieron al proceso de paz y que tienen un carácter esencialmente de bandas criminales.
»Ambos utilizan a Venezuela como un refugio seguro y una fuente de ingresos a través de actividades ilícitas», asegura Crisis Group.
Tanto las disidencias de las Farc como el ELN «obtienen más de la mitad de sus ingresos de la minería ilegal» dentro de Colombia y en Venezuela, donde operan «con la complicidad de autoridades corruptas», destaca el informe.
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Además, para sus operaciones mineras, estas bandas «subcontratan a otros grupos armados para controlar a los mineros y a la empobrecida población local, a veces a través de la coerción, pero otras veces ofreciéndoles oportunidades de trabajo y productos básicos para transportar y exportar el oro».
«Los guerrilleros dependen de la cooperación de las fuerzas de seguridad estatales y de las redes de tráfico, lo que resulta en recortes considerables a sus ingresos», agregan en el informe de Crisis Group.
Sin embargo, consideran evidente que «la relación entre el Ejército venezolano y las guerrillas colombianas se puede marchitar rápidamente».
«Según informes, tropas venezolanas asesinaron a dos disidentes de las Farc en la frontera contigua al estado Zulia en julio de 2019, y por otra parte las guerrillas del ELN se enfrentaron» con las autoridades, destaca el estudio.
Colectivos
Por otra parte, están los colectivos, «asociaciones civiles que en algunos casos funcionan como grupos parapoliciales y que han ganado importancia a medida que el conflicto político venezolano se ha intensificado».
Estos grupos «se han convertido en la columna vertebral del chavismo mediante el control coercitivo de las protestas callejeras y su influencia sobre comunidades de bajos recursos», aunque «su relación con el Gobierno central y las instituciones estatales está lejos de ser armoniosa».
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La política «extremadamente polarizada» de Venezuela ha llevado a muchos opositores «a despreciar cualquier expresión pública de apoyo al chavismo como el fruto de colectivos coercitivos, lo que provoca represalias violentas contra personas que no tienen vínculos con estos grupos», apostilla el estudio.
Frente a esta situación, los colectivos «han tomado un papel más activo en ‘la defensa’ de la revolución, y durante manifestaciones de la oposición en 2014 y 2017 participaron en actos violentos y criminales contra los manifestantes».
Herederos del paramilitarismo y bandas criminales
De otro lado están los grupos herederos del paramilitarismo colombiano desmovilizado en su mayoría en 2006, y cuyas actividades en Venezuela «incluyen delitos como amenazas, extorsión y secuestros de campesinos y terratenientes, así como intimidación a partidarios y líderes chavistas».
Aunque los miembros principales de estos grupos son colombianos, informes recientes indican que han tratado de reclutar nuevos miembros entre los migrantes venezolanos.
Finalmente, están los grupos criminales que colocan a Venezuela como uno de los países más peligrosos del mundo, si se juzga por la tasa de homicidios, una de las más altas de América Latina.
Por eso, «una gama de grupos criminales de diferentes tamaños y estructuras se dedican al robo, secuestro, fraude, chantaje, sicariato o al comercio ilegal, especialmente de armas y drogas, y a la trata de personas».
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«A medida que se intensifica el conflicto político, se aprovechan cada vez más de la ausencia o debilidad del Estado, obteniendo así poder y beneficios económicos que no abandonarán fácilmente, y representan un riesgo directo a la estabilidad a largo plazo del país», aseguran.
El informe concluye que las dos partes enfrentadas en la política venezolana, y sus aliados internacionales, «deben reconocer que tal resultado no beneficia a ninguna de ellas, y se constituye como una razón poderosa para volver a la mesa de negociaciones».
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