Caracas.- La orden de aprehensión contra el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniegas, por presuntamente incitar al odio a través de sus redes sociales despertó las alertas sobre la escalada de persecución y criminalización de las voces disidentes, indicó a El Pitazo la abogada especialista en derechos humanos y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
Tineo aseguró el martes 12 de marzo, en una conversación telefónica, que hay un incremento de la persecución a la disidencia política, un cierre progresivo del espacio cívico y una vulneración a los derechos humanos.
Arciniegas fue señalado por el fiscal Tarek William Saab, quien afirmó que usó de manera indiscriminada e irresponsable las redes sociales y otros medios de comunicación para difundir información falsa con la intención de generar zozobra y pánico en la comunidad.
Las acusaciones contra el sociólogo Edison Arciniegas también fueron rechazadas por Un Mundo sin Mordaza, que exhortó a detener la persecución contra activistas.
Ministerio Público emite orden de aprehensión contra Edison Arciniegas por incitación al odio
“Edison Arciniegas es un sociólogo, especialista en Seguridad Alimentaria, Desarrollo e Inteligencia de Mercado. Exigimos que se respeten sus derechos", señaló la ONG.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón cuestionó que se use la Ley contra el Odio por expresar opiniones en las redes sociales y hacer análisis de la actualidad venezolana.
“Recordamos que la libertad de expresión y de información son derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y leyes, así como en convenios internacionales en materia de libertades y derechos humanos suscritos por el Estado. Exigimos el cese de la persecución contra voces críticas", escribió la ONG.
“Todas las libertades están siendo cada vez más y más restringidas, lejos de ser garantizado su ejercicio", indicó Tineo.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada hace 7 años (el 7 de noviembre de 2017) por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuestionada por diferentes ONG. Alertaron que este reglamento puede castigar con hasta 20 años de cárcel a toda persona que sea señalada y culpada de promover delitos de odio.
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“Quien públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político será sancionado con prisión de 10 a 20 años", expresa el artículo 20.
La ONG Acceso a la Justicia cuestionó, en su momento, la promulgación de esta ley porque no tiene ningún valor jurídico.
“Es un acto de autoridad, porque proviene de la ANC, un órgano de origen no democrático, inconstitucional y que se ha apropiado de todas las funciones del Estado, entre las cuales destaca la potestad de cambiar las normas y los funcionarios que considere. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado, que no es más que la violación deliberada de las formas constitucionales por un Gobierno", sentenció la ONG.
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