Caracas.- Este martes 24 de enero, el diputado Diosdado Cabello aseguró, en la Asamblea Nacional (AN) oficialista, que al menos 62 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en Venezuela lo hacen con fines políticos. Esta afirmación la hizo durante su presentación del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG.
Ante este proyecto de ley, aprobado este martes en el Parlamento de mayoría oficialista, diversas organizaciones de este ámbito manifestaron su rechazo.
Diosdado Cabello asegura que 62 ONG operan con fines políticos en Venezuela
En las redes sociales, varias de estas ONG se pronunciaron ante el hecho de que se promueva este proyecto, que prohíbe, entre otras cosas, «realizar actividades políticas y promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República». Esto, según el plan inicial compartido por algunos legisladores.
Durante su intervención, Cabello mencionó algunas de las ONG que calificó de fachadas. Entre ellas destacó a Súmate, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Instituto Parlamentario Fermín Toro y Fundación Más Ciudadanos, Lidera y Futuro Presente.
Precisamente, Provea calificó como una «avanzada a la criminalización» el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG, aprobado en primera discusión, este martes, en la AN oficialista.
Asimismo, precisó que se trata de «un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG». A la par que detalló que las organizaciones «serían multadas hasta con 200 petros (12.000 dólares) si no cumplen con la nueva» normativa.
Menos ONG para los ciudadanos
Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) alertó que el proyecto de ley aprobado en primera discusión en la AN «constituye una nueva amenaza a la restricción al espacio cívico venezolano».
Para la ONG Acceso a la Justicia, esta norma, cuyo contenido aún no ha sido presentado a la ciudadanía, aunque Cabello prometió hacerlo, coloca a las ONG y a los ciudadanos en general, en una «situación de grave indefensión e inseguridad jurídica«. Todo ello para facilitar «aún más la violación de derechos humanos».
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