Caracas.- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó este jueves, 15 de febrero, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la sucursal de Caracas y subrayó que examina cómo actuar en consecuencia.
«Lamentamos este anuncio y evaluamos los siguientes pasos a seguir«, indicó en un breve comunicado la portavoz Ravina Shamdasani.
«Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos», agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
Su antecesora en el cargo, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela para mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
El Gobierno venezolano argumentó este jueves que la oficina de Naciones Unidas en la capital venezolana ha instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo, lo que ha justificado la suspensión.
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También señaló que hará una revisión integral de los términos de cooperación acordados en 2019 con el órgano de Naciones Unidas y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que operan en Caracas.
«Venezuela solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifique públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas», indicó el canciller Yván Gil.
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó este miércoles.
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