Caracas.- Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos condenaron los graves índices de represión y violencia en Venezuela, y exigieron a las autoridades gubernamentales garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los manifestantes, «elementos esenciales» en democracia.
Las entidades firman un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones «arbitrarias» y la criminalización de la protesta, en contextos preelectoral y postelectoral en Venezuela marcados por la represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo «un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet».
En ese sentido, les alarma particularmente el señalamiento del fiscal Tarek William Saab a los detenidos en relación con la protesta y el anuncio de que se les imputarán delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo, que supondrán penas de cárcel.
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«Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza«, exhortan.
Además, los firmantes exigen «desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral».
Las organizaciones firmantes del comunicado son Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil por sus siglas en inglés), la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIivicus), la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Todas hacen un llamado al cese del uso de armas para reprimir la protesta y recuerdan que «en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones», menos todavía cuando el uso de la fuerza del Estado «sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial».
En ese sentido, llaman a la investigación de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida, y solicitan a la comunidad internacional exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela y a mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos durante las protestas.
Miles de ciudadanos afines a la oposición venezolana han protestado desde el 29 de julio en contra del resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria en los comicios presidenciales al gobernante Nicolás Maduro, un resultado que la oposición califica de «fraude» y que ha llevado a gran parte de la comunidad internacional a dudar del resultado, y a exigir transparencia y la publicación de las actas de votación.
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