Caracas.– La jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal sentenció a 16 años de cárcel a los 6 sindicalistas detenidos en julio de 2022 por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que afecta los salarios. La decisión judicial se conoció el 1 de agosto de 2023.
Duque, de 37 años de edad, es abogada egresada de la Universidad Central del Venezuela (UCV) y oriunda del estado Guárico. Actualmente, es jueza del Tribunal Segundo con competencia en terrorismo.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia rechazó la pena impuesta por Duque a los dirigentes Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, quienes exigían aumentos de salario y hacían activismo a favor de los trabajadores.
Una de las esposas de los sindicalistas también se pronunció ante la sentencia y la describió como un acto contra los derechos humanos. “Han sido injustamente condenados por una jueza. Ha condenado a personas inocentes, ha condenado a unas familias a no tener a sus seres queridos", mencionó.
El Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha denunció que la sentencia está basada en un informe de contrainteligencia anónimo y capturas de conversaciones de WhatsApp sustraídas ilegalmente de los teléfonos de los acusados.
Duque figura en expedientes de otras investigaciones judiciales cuestionadas por las ONG debido a violaciones de derechos humanos identificadas en esos procesos.
En junio de 2013 aparece como la fiscal que solicitó la imputación del funcionario del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Tryno José Martínez, por el delito de extorsión contra comerciantes.
En 2014 suscribió la acusación del Ministerio Público contra Leopoldo López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. En un documento oficial, Duque aparece como fiscal auxiliar interina segunda nacional con competencia plena.
En 2015 fue la fiscal designada para investigar el hallazgo de siete osamentas durante un procedimiento del Ejército venezolano en una fosa en común en el sector La Mulata, municipio Ureña, en Táchira.
Su nombre también aparece en la Gaceta Oficial número 41.529 de 2018, cuando fue designada fiscal provisoria. En 2022, según una publicación de la periodista Sebastiana Barráez, Duque participó en la investigación contra tres personas señaladas de planificar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y trasladar explosivos, como jueza cuarta de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En ese momento, organizaciones de derechos humanos alertaron de que la jueza aceptó declaraciones por llamadas telefónicas de supuestos testigos. Uno de los detenidos por este caso, el capitán Alfredo Saba, contó que sufrió torturas.
En mayo de 2023, Duque suspendió una audiencia del grupo de detenidos por la operación Constitución que involucró a capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada. Los militares fueron acusados de, presuntamente, conspirar para suspender las elecciones de mayo de 2018, de acuerdo con la abogada y directora del Instituto Casla, Tamara Suju.
En junio, la jueza Duque inició una investigación contra los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Rafael Aguilar, José Figuera y Joel Amador por el homicidio del ingeniero Simón Antonio Lozada y los técnicos de ascensores Gustavo Adolfo Toussaint y Julio Gámez, que se registró en 2017, en el municipio Libertador.
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