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El informe sobre Venezuela presentado este 15 de julio por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue generando reacciones.
El segundo informe de este mes presentado por Bachelet abordó el acceso e independencia del sistema de justicia y las violaciones de derechos humanos que ocurren en el llamado Arco Minero del Orinoco, así como el enfoque de género.
Aunque algunas organizaciones de derechos humanos piden más contundencia por parte de la oficina de Bachelet, el comisionado para los Derechos Humanos del gobierno encargado, Humberto Prado, saluda el informe porque devela las violaciones de los derechos humanos y rechaza la actitud del representante del “régimen de facto", como se refiere al gobierno de Nicolás Maduro.
Prado señala que no se puede comparar la contundencia de un informe realizado por una organización no gubernamental a lo que hace este organismo internacional, y aún y cuando reconoce que sí “se quedó corto" con algunos aspectos, sostiene que las recomendaciones se harán por escrito y que hay que «saberlas hacer».
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Algunas de esas recomendaciones es reforzar la Misión de Determinación de Hechos y que el Consejo de Derechos Humanos extienda el mandato a por lo menos un año, como mínimo. Vale recordar que esta Misión busca responsabilizar individualmente a los responsables de las desapariciones forzosas, las torturas y arrestos arbitrarios.
Por otra parte, destaca que los representantes de la oficina de Bachelet siguen en Venezuela haciendo seguimiento a lo que ocurre en el país.
En cuanto al trabajo de realiza su oficina, Prado asegura que se dedicarán a seguir investigando y documentando las denuncias de violaciones para ayudar con el trabajo de la Misión y hacer las respectivas recomendaciones y elevar la voz para que sigan su mandato.
Sostiene que están seguros de que el gobierno de Maduro no tiene voluntad de implementar las recomendaciones hechas por Bachelet, lo que a su juicio los deja más desnudos.
Además, Prado destacó la decisión del gobierno encargado, encabezado por Juan Guaidó, de regresar al sistema interamericano de derechos humanos y aprobar la adhesión al protocolo facultativo del Convenio contra la Tortura, el cual opera en dos formas, de acuerdo con lo explicado por el comisionado: visitas de expertos internacionales y la conformación de un sistema contra la tortura conformado por órganos independientes.
Sin acceso a la justicia y actividad ecocida en el Arco Minero
Gabriel Ortiz, coordinador de la oficina de Prado, destaca que el informe tomó en cuenta los criterios que se han esgrimido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que no había ocurrido antes.
Ortiz señala que también se reconoce que desde 2002 no se abren concursos para los jueces, lo que se traduce en una provisionalidad que no genera estabilidad.
Asimismo, se habla de que se han producido 127 sentencias de corte político contra la Asamblea; se le ha quitado la inmunidad a 29 diputados y se reconoce en el informe que la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2015 fue irregular.
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La utilización de la justicia militar para juzgar a civiles así como la creación en 2014 de tribunales para delitos de terrorismo, mediante una orden del TSJ y no por mandato de la Asamblea, también fue cuestionado en el informe.
Mientras que Daniel Hernández, coordinador de asuntos económicos de la oficina del comisionado para los Derechos Humanos, calificó de positivo el informe al incluir, por primera vez, “la actividad ecocida en el Arco Minero del Orinoco y las violaciones a los derechos humanos que allí ocurren".
El informe destaca en esta materia la falta de transparencia del gobierno de Maduro, al no remitir información actual ni la actividad de impacto ambiental en la región.
También que el Arco Minero, zona económica creada por el gobierno de Maduro en el estado Bolívar, está bajo el control de grupos armados que propician la explotación infantil y la explotación laboral y sexual de las mujeres.
Hernández refiere que el informe señala que 197 comunidades indígenas están viéndose afectadas no solo en Bolívar sino también en Amazonas y Delta Amacuro.
En cuanto a las recomendaciones que hacen a lo plasmado en el informe, se solicita a la alta comisionada que reconozca la violación de derechos humanos, no solo en el Arco Minero sino también en otros estados donde ha permeado la acción de los grupos irregulares.
Se pide además que se hable de los derechos ambientales que se están viendo afectados. Serían alrededor de 1.058 kilómetros cuadrados que han sido deforestados.
Otra recomendación es que se solicite a Maduro el cese de la actividad minera en el sur del Orinoco.
En este punto, Prado alertó sobre la creación, por parte del gobierno de Maduro, de brigadas especiales para cuidar el Arco Minero y la acción que puedan realizar generando más violencia en la zona.
