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jueves, 2 mayo, 2024

Provea: la mayoría de las víctimas de torturas en 2023 fueron mujeres

La ONG pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos

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Caracas.- La ONG Provea reveló que por primera vez en los registros de su organización, desde su fundación en 1988, la mayoría de las víctimas de tortura en 2023 fueron mujeres. Los datos los ofrecieron este martes, 30 de abril, durante una rueda de prensa.

Provea señaló en el informe que el irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos.

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«De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados», reza el informe.

La ONG pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas.

El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, la ONG Foro Penal informó que 19 mujeres están presas en Venezuela por motivos políticos, entre ellas la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue detenida la madrugada del 9 de febrero junto a su hija y 4 familiares en el aeropuerto de Maiquetía. Su hija y 3 de sus familiares fueron liberados, pero ella y su exesposo Alejandro González aún están detenidos.

Mientras que Emirlendris Benítez, madre y comerciante venezolana, esta detenida desde agosto de 2018. Benítez ha sido víctima de innumerables violaciones de derechos humanos, que incluyen su detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas. Aunque no había realizado ninguna forma de activismo, fue incriminada en una causa política sin que se le permitiera ejercer su derecho a la defensa en un juicio justo. Así lo relató Amnistía Internacional.

Con información de EFE

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