EN
Caracas.- Inti Rodriguez, investigador de Provea, aseguró que en Venezuela estamos ante un estado policial y militar que está consolidando el terrorismo, y el miedo para castigar la diversidad de opiniones y ocultar la crisis que padece el país.
LEE TAMBIÉN
Provea propone una agenda cultural variada y en defensa de los DD. HH.
Durante la rueda de prensa de Provea sobre su informe anual este martes, 14 de julio, Rodríguez detalló que desde enero de 2013 a 2019 Provea ha registrado más de 20.00 casos de agresiones a la integridad.
En materia de tortura, Provea registró 574 víctimas y 23 personas asesinadas bajo torturas, uno de los casos más resaltantes es el del capitán Acosta Arévalo, quien falleció en un calabozo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Rodríguez señaló que en 2019 se registraron 1.033 ciudadanos heridos a nivel nacional en contextos de manifestaciones, gran parte de quienes asistieron a la entrega de la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y Brasil.
Por su parte, el abogado e investigador Keymer Ávila informó que entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado 23.688 personas. El 69% de los casos ocurrieron entre 2016 y 2018.
Asimismo, Ávila detalló que la mayor parte de la víctimas de funcionarios policiales y militares, son jóvenes menores de 30 años, de piel oscura, y de clase baja.
El abogado Julio Castro indicó que en el año 2019, 13 de 40 hospitales reportaron violencia por parte de funcionarios policiales y militares del Estado, 30 hospitales reportaron robos y hurto.
Los hospitales ubicados en el Sur y Occidente de Venezuela son los que cuentan con menos insumos, y servicios públicos como agua y electricidad. 90% de los hospitales del país no tienen estudios de tomografía.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, indicó que el gobierno de Nicolás Maduro está valiéndose de la pandemia del COVID-19 para desarrollar mecanismos que incrementen la censura. La detención de Nicmer Evans es un llamado del gobierno a que la ciudadanía no sé exprese, se autocensure.
Uzcátegui considera que el único mecanismo que tiene la ciudadanía para defenderse de las agresiones, detenciones y vulneraciones de derechos humanos es la denuncia.
Con información de Daisy Galaviz
