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Caracas.- Con fecha de 12 de octubre de 2020 se firmó la Gaceta Oficial N° 6.583, en la que se publica la Ley Antibloqueo impulsada por Nicolás Maduro, con la que buscan garantizar mecanismos que le permitan al Estado “evadir" las sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios y empresas estatales.
El documento final cuenta con 44 artículos, con los cuales Nicolás Maduro busca “establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados".
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En este sentido, con la nueva ley, Maduro podrá crear o autorizar nuevos mecanismos de financiamiento de políticas públicas nacionales en materia de alimentación, salud, seguridad social, servicios básicos.
Además, le otorga facultades al Ejecutivo para tomar las decisiones y acciones necesarias para proteger los activos nacionales.
En dicha gaceta, la Asamblea Nacional Constituyente decreta la creación del Centro Nacional de Inversión Productiva, que operará como un instituto público “distinto e independiente de la República", y estará adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva.
Rechazo
A través de un documento publicado en las redes sociales, un grupo de representantes opositores sostiene que este instrumento pretende privatizar los activos del país.
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“Busca liquidar y blanquear los activos de la República, empresas, servicios y tierras para entregarlas a sus cómplices y asociados empresariales en el país y en el exterior", se lee en el comunicado firmado por María Corina Machado, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar, Carlos Ortega, Antonio Ledezma y Enrique Aristeguieta.
Sostienen que esto idea busca blanquer capitales extranjeros “y de los carteles de la droga, facilitada por disposiciones que garantizan confidencialidad de todas las operaciones que se realicen bajo acta de remate de la República".
Enfatizan que la Ley Antibloqueo compromete la seguridad de futuras generaciones en el país.
