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El coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez denunció este viernes 17 de enero que cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados establecieron «un toque de queda» en el Palacio Federal Legislativo desde el asalto al Parlamento, ocurrido el pasado 5 de enero.
Rechazó el uso desproporcionado de la fuerza y la represión por parte de organismos como la Guardia Nacional (GN), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), a la cual calificó como un «grupo de exterminio». También reprobó que estos cuerpos de seguridad permitieron la actuación de grupos irregulares que amedrentaron a diputados y periodistas.
El abogado defensor de los Derechos Humanos que la fuerza militar actuó fuera de la Constitución al imponer controles en los alrededores de la sede del Poder Legislativo para obstaculizar la labor de parlamentarios electos democráticamente, a quienes se les obligó a entregar sus credenciales a pesar de que no forma parte de sus competencias.
«Esto tiene que ver con un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos, que no tiene miramientos y usa la represión, usa la balas, la cárcel, incomunicación, tortura y tratos crueles y degradantes contra quienes expresen disidencia», afirmó.
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