Caracas. El dirigente Henry Ramos Allup señaló el 12 de abril en sus redes sociales al exministro de Petróleo detenido por el gobierno de Maduro, Tareck El Aissami, de estar involucrado en la judicialización de los partidos políticos de oposición Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Copei.
Ramos Allup cuestionó al Gobierno por no imputar a El Aissami por estos delitos, en los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió cambios de directivas en esas organizaciones.
«Tareck El Aissami fue quien ideó e implementó la judicialización de Copei, AD, PJ y VP y en cada caso pagó los sobornos (…)», denunció Ramos.
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Estos casos de judicialización de los partidos se presentaron en 2015 y 2023. Estas decisiones causaron controversias y críticas porque se designaron directivas paralelas en cada uno.
El dirigente retomó el tema después de la detención y presentación en tribunales de Tareck El Aissami, quien fue imputado por al menos 6 delitos por la trama Pdvsa-Cripto, junto a 57 exfuncionarios y empresarios.
TSJ designa directivas en los partidos
- Acción Democrática (AD). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino al partido mediante la sentencia 71, emitida el 15 de junio de 2020. En esta se desconoció la directiva anterior y se designó una junta ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez. Esta nueva estructura es la única autorizada a postular candidatos en las próximas elecciones legislativas.
- Primero Justicia (PJ). El TSJ intervino al partido mediante la sentencia 72, también emitida el 15 de junio de 2020. En esta ocasión se revocó la junta ad hoc anterior y se desconoció su nombramiento.
- Voluntad Popular. El partido también fue objeto de intervención por parte del TSJ mediante la sentencia 77, emitida el 7 de julio. Igual que en los casos anteriores, se desconoció la directiva anterior y se designó una junta ad hoc presidida por José Gregorio Noriega Figueroa.
- Copei. En 2015, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Bandera Roja, MIN-Unidad y Copei corrieron la misma suerte, luego de que el TSJ decretó la suspensión de sus directivas y, a su vez, ordenó su reemplazo por juntas presididas por dirigentes vinculados al chavismo, alterando significativamente la esencia democrática de la que gozaban las autoridades legítimas de esas organizaciones.
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