Caracas.- Miembros de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y los dos sobrevivientes de la conocida masacre de El Amparo, ocurrida el 29 de octubre de 1988 en el estado Apure, exigieron este viernes, 28 de octubre, a las autoridades atender las solicitudes para agilizar los procedimientos jurídicos, que permitan acabar con la impunidad del caso de los 14 pescadores asesinados por funcionarios policiales y efectivos militares del Comando Específico José Antonio Páez (Cejap), quienes entonces simularon un enfrentamiento con un grupo subversivo colombiano.
Ante la sede de la Fiscalía en Caracas, el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, denunció que no hay esclarecimiento de los hechos ni sanciones, luego de 34 años de que ocurriera uno de los casos de violación de derechos humanos más emblemáticos de la historia contemporánea venezolana.
«La verdad es que esta situación continúa sin que se pueda esclarecer ni sancionar a los autores materiales e intelectuales. Por eso hoy estamos con los sobrevivientes, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, exigiendo que las trabas burocráticas y administrativas, que impiden que continúe el proceso judicial, puedan agilizarse para que en algún momento pueda haber mayores expectativas de justicia», destacó Uzcátegui.
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Pinilla, de 60 años, junto con Arias, de 62 años, los dos sobrevivientes que fueron clave en la reconstrucción de los hechos ocurridos en el sector Caño La Colorada, en Apure, reiteraron la exigencia y necesidad de justicia.
«Exigimos justicia por el caso de El Amparo. Mañana sábado se cumplen 34 años y la justicia no ha dado un veredicto final. Como sobrevivientes, como compañeros de los masacrados, pedimos justicia y que el pueblo venezolano, y quienes nos acompañaron desde el primer momento, nos sigan acompañando. Seguiremos luchando por el caso de El Amparo, necesitamos justicia», dijo Pinilla.
Uzcátegui resaltó que el caso de la masacre de El Amparo se transformó, además, en un hecho propagandístico para la administración oficialista. Advirtió que se requiere de un análisis político, además de judicial y técnico en la materia, que determine cuáles son las verdaderas trabas para que se concrete el castigo a los responsables, sobre todo cuando se trata de efectivos vinculados con la Fuerza Armada Nacional (FAN).
El miembro de Provea añadió que se conoce la identificación de 24 personas con responsabilidades vinculadas con los hechos sin que hasta el momento, luego de tres décadas, exista castigo alguno, pese a que en 1993 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sugirió al gobierno de entonces, liderado por Ramón J. Velásquez, una indemnización para las víctimas y sus familiares, así como sancionar a los autores materiales, intelectuales y encubridores.
El coordinador del Programa de Exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, destacó que la Fiscalía debe atender las solicitudes para que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entregue el expediente del caso a la Corte de Apelaciones de Apure, luego de que se resolviera el conflicto de competencias que se produjo tras un dictamen del propio TSJ en junio de este año.
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Además de los sobrevivientes de la masacre de El Amparo, miembros de comités de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales también acudieron a la sede del Ministerio Público para exigir justicia y una actuación eficaz por parte de las autoridades en casos que involucran a funcionarios de organismos de seguridad como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), entre otros.
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