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El fiscal del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, dijo este miércoles que solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que «convoque una reunión con las partes», a propósito del examen preliminar del que Venezuela es objeto por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El Ministerio Público pidió a dicha Sala que, «de conformidad con la norma 30 del Reglamento, convoque a una reunión entre las partes a fin de poder debatir sobre un proceso justo e igualitario como Estado objeto de un examen preliminar», escribió Saab en twitter.
El fiscal informó, además, que «ha presentado un escrito que complementa la acción presentada el pasado 25 de mayo».
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Las autoridades venezolanas entregaron el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se quejaron de trato «discriminatorio» y «desigual» respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal venezolano.
Ante esta reclamación, la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, dijo, durante una entrevista con Efe, que no podía «ignorar» la reclamación y ha presentado una respuesta incluyendo «ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo».
«Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta», aseveró la fiscal jefa del tribunal de La Haya.
Aunque Venezuela anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para el análisis correspondiente.
Bensouda espera anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño, algo que confía en que suceda «en cuestión de días».
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La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
Por ello, el máximo tribunal solicitó a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.
