La decisión publicada este lunes 30 por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y que ordena la suspensión de «todos y cada uno de los efectos» de la Primaria opositora celebrada el 22 de octubre, ha provocado un terremoto político que amenaza con hacer saltar por los aires los dos acuerdos parciales firmados apenas el 16 de octubre en Barbados por el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria que agrupa a la oposición.
Aunque la totalidad del texto de la sentencia aún no es pública y no está disponible para la descarga, el TSJ reveló de manera preliminar que el dictamen acoge la solicitud de amparo introducida por Luis Brito, diputado a la Asamblea Nacional, considerado por la oposición un operador del oficialismo y del PSUV.
Tras los primeros ataques desde el oficialismo en que Diosdado, Maduro, Cilia, Jorge Rodríguez y Saab —en ese orden— cantaron fraude, mencionaron cifras de participación y denunciaron la usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral, la oposición cerró filas en defensa de la Primaria y mantuvo una postura casi uniforme de apoyo al proceso y respaldo a la CNP.
Este apoyo también provino de la Plataforma Unitaria: Gerardo Blyde, jefe de la representación opositora, recordó en días pasados que la Primaria estaba amparada en los acuerdos de Barbados. Pese a esto, la sentencia del TSJ es una escalada en las tensiones.
Las reacciones han llegado en una oleada de descreimiento y críticas al procedimiento y a la sentencia en sí, pero también de muestras de respaldo a la CNP —que organizó los comicios sin asistencia del CNE— y a María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, proclamada candidata unitaria.
TSJ admite amparo de José Brito para desconocer resultados de la Primaria
Abogados, dirigentes políticos, excandidatos de la Primaria, ponen en duda la legalidad de la sentencia; mientras el presidente de la CNP, Jesús María Casal, ingresaba este 30 de octubre y casi a la misma hora al Ministerio Público tras recibir una citación en calidad de «investigado» —calificación que no existe en el COPP— en un caso en el que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, adelantó que se habían cometido ilícitos.
La abogada y excandidata a la Primaria, Tamara Adrián, calificó de «pastel» la sentencia y criticó que se declare con lugar el amparo, al mismo tiempo que se pedía a la CNP evidencias, sobre una materia en la que ya la Sala Electoral decidió a priori.
El también excandidato Roberto Enríquez, del partido Copei, aseguró que la sentencia del TSJ no tenía efecto alguno y citó los 2,4 millones de electores que la CNP asegura que participaron en la contienda interna como muestra de «la voluntad del pueblo».
Enríquez también reiteró el reconocimiento a la candidatura unitaria de Machado.
El director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, Alí Daniels, planteó preguntas sobre cómo podía el TSJ anular los efectos de «un hecho ya consumado«, como la Primaria.
Argumentó que el objetivo principal de la Primaria ya se había cumplido, que era elegir el candidato unitario. «Aun en el supuesto de que [el TSJ] diga que no puede ser ella el candidato de esos resultados, los partidos pueden unilateralmente decidir ‘esta es mi candidata’, por consenso«.
El exalcalde de Caracas y fundador del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), Antonio Ledezma, dijo desde España que los resultados de la Primaria eran «irreversibles» y María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición «elegida y proclamada». Ledezma, que evadió el arresto domiciliario en 2017 y reside en Madrid, es aliado de Machado.
El abogado, doctor en Derecho, exministro para la Descentralización y exprofesor visitante en las universidades de Cambridge y Columbia, Allan Brewer Carías, considera que la Primaria opositora y la elección de Machado no es un evento o acto «suspendible» y calificó la sentencia de «ilegítima».
Stalin González, miembro del equipo de negociación por parte de la Plataforma Unitaria Democrática que representó a la oposición en las conversaciones que dieron origen a los acuerdos parciales firmados en Barbados, reaccionó con prudencia e indicó que la implementación de los acuerdos no será sencilla y atravesará muchos obstáculos.
«El deseo de cambio no lo va a inhabilitar una medida judicial», expresó.
El exdiputado a la Asamblea Nacional y dirigente del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, alertó a la comunidad internacional sobre la sentencia contra la Primaria y la persecución a miembros de la CNP.
«La enorme movilización social del #22Oct dejó a la dictadura contra las cuerdas y por eso reacciona violentamente, desconociendo los acuerdos de Barbados».
La directora de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por Washington Office on Latin America), organización de investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas, Carolina Jiménez Sandoval, criticó la sentencia y dijo que la judicialización de la Primaria representa un incumplimiento de los acuerdos de Barbados.
La consultora política y directora de la firma Dataestrategia, Carmen Beatriz Fernández, bromeó sobre la sentencia en un mensaje publicado en su cuenta en red social X (antes Twitter) en la que expresó que el Tribunal Supremo con dictámenes podría evitar hasta fenómenos naturales como los terremotos.
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