TSJ rechaza recurso de rectores universitarios contra sentencia 0324

La medida cautelar aprobada el pasado 27 de agosto por la Sala Constitucional del TSJ exige realizar un proceso de renovación de rectores dentro de un plazo de seis meses

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En la sentencia 0324 de la Sala Constitucional del TSJ se intenta imponer unas nuevas normas para elegir a las autoridades de la UCV, lo cual transgrede la autonomía de la comunidad universitaria | Foto: Andrés Rodríguez

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar el recurso interpuesto por rectores de universidades nacionales en contra de la sentencia 0324, que ordena celebrar elecciones de autoridades de estas casas de estudio cuyos periodos administrativos se encuentren vencidos.

La medida cautelar emitida el pasado 27 de agosto por la Sala Constitucional del TSJ exige efectuar este proceso de renovación de rectores dentro de un plazo de seis meses, luego de que durante doce años estos cargos permanecieran congelados.

Sin embargo, los rectores han denunciado que el fallo también pretende fijar nuevas pautas para las elecciones, violando el artículo 109 de la Constitución de la República, que establece la obligación del Estado de reconocer la autonomía universitaria. 

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También han rechazado que el registro electoral establecido incluya, además de profesores, estudiantes y egresados, a personal administrativo y personal obrero, pues, según el organismo judicial, se proclamará electo al candidato que haya ganado al menos en tres de los cinco sectores y haya obtenido a la vez, mayoría absoluta de los votos totales.

De acuerdo con el fallo 0324, publicado en la página del TSJ, el Consejo Nacional de Universidades ahora deberá establecer un cronograma para la realización de las elecciones con las comisiones electorales existentes.

A finales de septiembre, el profesor Juan Carlos Rivero, coordinador de la Dirección General de Extensión de la Universidad de Los Andes (ULA), advirtió que la sentencia del TSJ conduciría a una intervención del sector, pues existe el riesgo que el Gobierno nacional no respete los resultados electorales que no favorezcan a sus intereses.

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