Caracas.- De acuerdo con los resultados del Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios del Estado constituye un problema compartido en países de América Latina. El estudio hace una comparación entre varias naciones: Brasil, México, El Salvador, Colombia y Venezuela. Este último figura como la nación con más letalidad policial, con una tasa de 25,8 homicidios ejecutados por las fuerzas del Estado por cada 100.000 habitantes.
El informe refleja que en primer lugar se encuentra Venezuela con 25,8 homicidios por cada 100.000 habitantes; luego se encuentra El Salvador con 10,3; después Brasil con 7,3 y de último se encuentra Colombia con 1,3 civiles muertos por la acción de sus fuerzas policiales y militares. En 2017 el uso arbitrario y excesivo de la fuerza cobró la vida de 4.998 civiles.
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En la introducción del documento se reseña que con frecuencia el uso de la fuerza letal por parte de uniformados es presentado por parte de los gobiernos como un costo que no se puede evitar cuando se trata de generar seguridad y acabar con las bandas delictivas. Sin embargo, lo que no dicen es que un importante número de personas mueren a manos del Estado y la gran mayoría de estos casos no son investigados al presumirse que se dieron en un contexto que los hace legítimos, como pasa en Venezuela, que se asocian con enfrentamientos.
El apartado de Venezuela, realizado por el criminólogo Keymer Ávila, explica que en el país el uso de la fuerza está regulado en primer lugar en la Constitución,la cual, a través de su artículo 2 estipula el derecho a la vida, así como el respeto a los derechos humanos. La ley destaca que en el país no hay pena de muerte y que el Estado está obligado a proteger “la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.
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Para los uniformados que irrespeten la normativa y cometan ejecuciones extrajudiciales la normativa venezolana es clara y les imputa el delito de homicidio alevoso calificado, agravado por abuso de las armas de la autoridad o empleo de cualquier otro medio que debilite la defensa de un civil. La Constitución determina una pena de 17 años a 20 años.
El informe también hace referencia al perfil de las víctimas de las fuerzas
de seguridad del Estado hasta 2017: 99 % fueron hombres con una edad promedio de 25 años. Pero también describe a los agentes de seguridad pública que les dispararon: 94% fueron hombres, de una edad promedio de 32 años y 35% de ellos pertenecían a los rangos más bajos. Destaca además que el 65% de estos funcionarios no se encontraban de servicio, 60% de ellos no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado.
La investigación realizada por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina afirma que en Venezuela las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado han incrementado aproximadamente en un 726% desde 2013. Explica que desde este año se empieza a ver el aumento y en 2015 a 2016 con el desarrollo de las Operaciones de Liberación del Pueblo a nivel nacional se genera un repunte notorio. Una muestra de esto es la comparación de los homicidios a manos del Estado con los de 2010. Para este año la tasa por cada 100.000 personas fallecidas era de 2,3; pero en 2016 este número ascendió a 19. La normativa internacional establece que este número no debería pasar de 10.
Según el documento, hasta 2017 solo 12% de los homicidios cometidos por efectivos del Estado fueron en un contexto de enfrentamiento real con grupos delictivos. Indica que teniendo como referencia el incremento de funcionarios por la creación de la Universidad Experimental de la Seguridad (Unes) y nuevas unidades policiales como las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), la tasa aproximada de civiles muertos por cada 1.000 funcionarios de seguridad del Estado venezolano sería de 28,56 por cada 100.000 habitantes.
Cabe destacar que el informe venezolano, debido a la falta de cifras oficiales fue realizado con datos aportados por Provea y la organización Monitor de Víctimas recabados hasta el año 2017. Para esa fecha las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB, mejor conocidas como las Faes, apenas empezaban a realizar operativos, por ello, el investigador Keymer Ávila señala que los números para este 2019 deben ser más altos, debido a las constantes denuncias por parte de familiares de las víctimas de presuntos ajusticiamientos cometidos por este grupo táctico a nivel nacional.
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