Yon Goicoechea descarta que gobierno interino evalúe cambios en directiva de Citgo 

Caracas.- El 13 de junio la Asamblea Nacional electa en 2015, mediante la Comisión Delegada, aprobó un acuerdo para la revisión y actualización de todas las juntas administrativas ad hoc y directivas de las empresas estatales y filiales bajo control del gobierno interino, una medida que, de acuerdo con una publicación de la agencia Reuters, incluía una posible evaluación para ejecutar cambios en Citgo, complejo refinador de Pdvsa en EE. UU. y uno de los principales activos de la República en el exterior.

Contactado por El Pitazo, Yon Goicoechea, miembro del consejo consultivo designado por el presidente de la Comisión Delegada, Juan Guaidó, descartó una modificación en la cadena corporativa de la filial en suelo estadounidense.

«El Parlamento, mediante el procedimiento que se ha descrito en el acuerdo, revisará Pdvsa ad hoc y por debajo está Citgo Holding. Hay una cadena corporativa, con la que el gobierno interino siempre ha sido respetuoso, que se rige por la ley estadounidense, pese a que es una empresa de capital venezolano pero constituida en Estados Unidos. La Asamblea no tiene previsto hacer alguna designación directa», explicó Goicoechea vía telefónica.

De acuerdo con lo aprobado en el acuerdo para la creación de un Consejo Nacional de Protección de Activos, se escogerá una empresa consultora especializada extranjera, mediante concurso, que evalúe el perfil de quienes conformarán una instancia técnica e independiente, constituida por tres personas con al menos 10 años de experiencia en el sector energético, quienes se encargarán de supervisar y orientar a las juntas directivas de empresas como Monómeros o la propia Citgo, filial en la que ha habido diversos cambios en los últimos cuatro años.

Goicoechea resaltó que la empresa en suelo estadounidense no está en riesgo y que el objetivo del acuerdo y la posterior creación del Consejo Nacional de Protección de Activos es rediseñar la forma de hacerle un seguimiento despolitizado a esas empresas.

«Hubo dudas sobre la aprobación de este acuerdo político porque no se ha explicado lo suficiente. La idea es llevar un proceso transparente de revisión. Es un procedimiento bien determinado porque no siempre se hizo así. En el caso de Citgo, la protección existe, la empresa está dando ganancias y no está en riesgo en las manos actuales», agregó el también miembro de Voluntad Popular sobre la filial cuya directiva encabeza Carlos Jordá.

Recursos

A mediados de junio, el procurador especial del gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, advirtió, en una comparecencia ante la Comisión Delegada, que existe una necesidad inminente de recursos para hacerle frente a los juicios que debe enfrentar la República sobre activos relevantes en el exterior, incluido el reciente proceso en Reino Unido que determinará el acceso a las 31 toneladas de lingotes de oro en Inglaterra.

En el caso de Citgo, filial que cuenta con protección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), una medida extendida hasta enero de 2023, son tres los juicios pendientes: el arbitraje de Conoco Phillips, el de Cristallex y el correspondiente a los acreedores del bono Pdvsa 2020.  

Según Sánchez, la Procuraduría Especial tiene conocimiento de un número de litigios, de los 137 juicios contra la República, por 40.000 millones de dólares.

«Nosotros apoyamos la petición del procurador, porque creemos que, desde el punto de vista legal de protección de los activos, no hay nada más importante. Tenemos que trabajar con los mejores bufetes y pagar lo necesario. Lo que está en juego es más de 100.000 millones de dólares. La República está gastando mucho menos de lo que hace su contraparte en abogados», añadió Goicoechea, quien no precisó el monto total que el gobierno interino ha pagado a abogados por arbitrajes hasta ahora.

La falta de recursos que advirtió Sánchez, o los retrasos en cuanto a las autorizaciones, no solo impactan las gestiones legales, sino también los pagos generales del gobierno interino, como los sueldos de los funcionarios que, de acuerdo con Goicochea, son partidas que están bajo supervisión de la Ofac.

«Todos los pagos del gobierno interino, no solo los abogados y embajadas que aún funcionan, dependen de las licencias de la Ofac, porque el gobierno interino no tiene un solo dólar o cuenta bancaria que administre por sí solo. Nosotros, en algunos casos, hemos tenido que esperar por esas autorizaciones. En cuanto al pago de salarios, ha habido deudas puntuales y sí se produjeron retrasos, pero ya todo se solventó», aseguró Goicoechea.

Caso Monómeros

El miembro del consejo consultivo para el seguimiento de empresas y activos de la República en el exterior destacó que, a diferencia de Citgo, la empresa en suelo colombiano, Monómeros, sí requiere de un cambio en su directiva.

«En efecto, hay una necesidad puntual de modificar la junta directiva de Monómeros, algo que hasta ahora no aplica para el resto de las directivas de las demás empresas, y con la creación del Consejo se va a revisar todo», dijo Goicoechea.

En torno al cambio que se espera cuando el presidente electo en Colombia, Gustavo Petro, asuma el poder, Goicochea, así como en el gobierno interino, espera que no se politice el caso de Monómeros. «Ojalá y no se politice este tema en Colombia y no se vuelva una cacería de brujas contra el gobierno interino, esperemos que esto no se convierta en un pase de factura», añadió Goicoechea.