Las autoridades chilenas confirmaron este lunes la detención de dos sospechosos implicados en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma el jueves, el tercer agente asesinado en las últimas tres semanas.
Según información policial, el Departamento OS9 de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros realizó las detenciones esta madrugada alrededor de las 03.00 hora local (07.00 GMT) en medio de dos allanamientos efectuados de forma coordinada en la comuna Quinta Normal, en Santiago.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que un trabajo colaborativo permitió la ubicación de los sospechosos, detenciones que «no son fáciles porque no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas. Eso hace más difícil identificar a los responsables".
«Habrá que determinar el nivel de responsabilidad; si son autores, cómplices o encubridores (…) son personas que, sin lugar a dudas, participaron en los hechos (…) Las instituciones no van a permitir impunidad en hechos tan graves y cobardes como el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma", agregó la autoridad.
Uno de los detenidos, de acuerdo a antecedentes preliminares, fue identificado como Luis Lugo Machado, venezolano, sindicado de presunto autor material del asesinato de Palma.
El segundo arrestado por estos hechos fue identificado como Ovimarlixion Garcés Briceño, venezolano que presuntamente ocupaba un lugar en el vehículo utilizado en el crimen contra el oficial la semana pasada.
Hasta el momento, Carabineros persiste en la búsqueda de otros dos sospechosos cuyas imágenes han sido difundidas en medios de comunicación en todo el país.
En medio de la conmoción por el tercer asesinato de un policía en menos de un mes, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Naín-Retamal, tramitada en tiempo récord por el Congreso, que da más libertad a los policías para el uso de las armas de fuego y que empezó a regir este lunes tras su publicación en el Diario Oficial.
Esta iniciativa encendió las alertas de organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas por «no ajustarse al Derecho internacional», en tanto algunos personeros del oficialismo la han catalogado de «gatillo fácil».
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