Hace dos semanas muchos venezolanos manifestaron su indignación al ver celebrarse una fiesta lujosa en la cima de Canaima. La ONG, SOS Orinoco denunció la actividad en el parque nacional, declarado Patrimonio Mundial Natural por la Unesco. Los influencers que la organizaron violaron la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
Pese al escándalo que generó el acontecimiento, otros hechos que ponen en riesgo al Parque Nacional Canaima. El ecólogo y miembro de Provita, Carlos Peláez, destaca que tal es el caso de las actividades ilegales asociadas al Arco Minero del Orinoco. Pero Canaima no es el único parque en riesgo.
Zonas desprotegidas
En 2021, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) reseñó el levantamiento de construcciones en Los Roques que amenaza con destruir el ecosistema de la isla. La ONG Azul Profundo denunció derrames en las costas de Falcón que afectaron el Parque Nacional Morrocoy. El Parque Henry Pittier ha sufrido invasiones, siembras y tala de árboles; mientras que en El Ávila, trabajadores del sindicato del Instituto Nacional de Parques (Inparques), han denunciado carreras ilegales de ciclismo que constituyen un delito ambiental. En ese sentido, Peláez enfatiza que la falta de transparencia sobre el cuidado de las zonas protegidas en el país impide determinar cuáles son los daños que sufren.
Si bien la actividad turística de por sí tiene un impacto ambiental, hay que procurar que el daño al ecosistema sea el menor posible. Para ello se basan en estudios hechos por especialistas para determinar cuál es el número de turistas que pueden estar en un ecosistema determinado al mismo tiempo.
El Estado venezolano determina qué se puede hacer y qué no en las zonas protegidas. Para ello, usa organismos como el Ministerio de Ecosocialismo (antes Ministerio del Ambiente) e Inparques. Sin embargo, a juicio de Peláez, la politización ha desvirtuado la labor para la cual fueron concebidos esos entes.
Para el ecólogo es necesario recuperar la institucionalidad, que los ciudadanos documenten y denuncien lo que ocurre en los parques nacionales y que, al mismo tiempo, se desarrollen campañas de educación y sensibilización sobre la importancia de la preservación de la biodiversidad, así como del uso y disfrute responsable de esas áreas.
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